«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
habría recibido cerca de 1,95 millones de euros a través de Análisis Relevante

Zapatero utilizó una consultora «tapadera» para mover negocios con compañías chinas y venezolanas

Agentes de la Policía Nacional salen de las oficinas de la empresa What The Fav.

José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer expresidente del Gobierno imputado en democracia en una causa por presunta corrupción. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo ha citado a declarar el próximo 2 de junio por supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales dentro de la investigación del caso Plus Ultra, una trama que sitúa al exlíder socialista como supuesto «líder» de una estructura organizada para canalizar favores políticos y presuntas comisiones ilegales.

El magistrado sostiene que la red actuó entre 2020 y 2025 y utilizó sociedades vinculadas al entorno personal y familiar de Zapatero para mover fondos y ocultar pagos. Según la investigación, el expresidente habría recibido cerca de 1,95 millones de euros a través de la consultora Análisis Relevante S.L., empresa que el juez considera una «mercantil tapadera» utilizada para encubrir comisiones bajo contratos ficticios de asesoramiento político y geoestratégico.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), junto a la Fiscalía Anticorrupción, llevaba meses investigando operaciones vinculadas a fondos procedentes de Venezuela y movimientos financieros relacionados con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Este martes, los agentes registraron la oficina privada de Zapatero en la calle Ferraz, la empresa Whathefav S.L., vinculada a sus hijas, y otras sociedades relacionadas con la trama.

En un auto de 85 páginas, el juez describe la oficina del expresidente como el «centro de coordinación de la red«. Desde allí, según el instructor, «se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria».

La investigación se apoya en mensajes, correos electrónicos y conversaciones intervenidas por la UDEF. Entre ellas aparecen referencias directas al expresidente como «nuestro pana Zapatero detrás», «Grupo Zapatero» o «Zapa es nuestro contacto». En otra conversación, uno de los implicados afirmaba: «Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España«.

El auto también apunta a presiones para favorecer el rescate de Plus Ultra y a la supuesta creación de una sociedad en Dubái para canalizar una comisión relacionada con la ayuda pública. Los investigadores sospechan que el pago terminó en la mercantil Landside, creada en Emiratos Árabes Unidos poco después de la firma de un contrato que fijaba una remuneración del 1% del rescate concedido por la SEPI.

El empresario Julio Martínez Martínez, considerado una pieza clave de la trama y amigo del expresidente, controlaba un entramado de 39 sociedades y actuaba, según el juez, como intermediario para ocultar pagos y comunicaciones. El magistrado sostiene que Análisis Relevante era utilizada para «encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones» y gestionar contactos institucionales y empresariales de alto nivel.

La investigación también relaciona a la red con operaciones internacionales de petróleo y con empresarios venezolanos vinculados al entorno del chavismo. El juez menciona conversaciones sobre reuniones con «la Dama», en referencia presuntamente a Delcy Rodríguez, y operaciones para la compraventa de crudo venezolano.

Además, la investigación incorpora vínculos con empresas de origen chino. El juez menciona específicamente al Grupo Aldesa, señalado en el auto por sus conexiones con China y por haber suscrito contratos con Análisis Relevante bajo supuestos servicios de asesoramiento internacional. La consultora vinculada al entorno de Zapatero percibía pagos mensuales de 5.000 euros por informes políticos y geoestratégicos, unos contratos que el magistrado sospecha que podían utilizarse para encubrir comisiones y gestiones de influencia.

Zapatero negó cualquier irregularidad en un vídeo difundido este martes. «Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública, ni el sector público, en relación con el rescate de Plus Ultra», aseguró el expresidente.

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