La Policía Nacional detuvo hace semanas en Alicante a un político argelino cuando intentaba dejar a su hijo menor en España para que accediera al sistema de protección y a las ayudas reservadas a menores extranjeros no acompañados, una práctica irregular que los investigadores han bautizado como el fenómeno de los «menas-Erasmus».
El arrestado, según el diario Abc, era el jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Orán, una de las principales ciudades portuarias del país norteafricano. Los agentes lo interceptaron cuando pretendía abandonar en dependencias oficiales a su hijo de 17 años y regresar después a Argelia, con la intención de que el joven figurara como menor desamparado y pudiera beneficiarse de recursos públicos.
La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Grupo III de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de Alicante, un equipo especializado que lleva meses siguiendo este tipo de maniobras. La provincia se ha convertido en uno de los principales puntos de detección por la amplia comunidad argelina asentada en la zona, que supera las 10.000 personas y atrae a numerosos inmigrantes que llegan por vía marítima.
Los investigadores relatan que el político se mostró desconcertado por la intervención policial y aseguró desconocer que aquel comportamiento constituyera un delito. Sin embargo, los agentes llevaban tiempo alertas ante perfiles que no encajaban con el de los menores que suelen llegar a España tras trayectos precarios y clandestinos: jóvenes con teléfonos de última generación, aspecto cuidado y signos evidentes de proceder de familias acomodadas.
A partir de esas primeras sospechas, la Ucrif ha logrado esclarecer más de un centenar de casos similares. En muchos expedientes aparecen familias con alto nivel económico de Argelia y Marruecos, e incluso se han abierto líneas de investigación que rozan a funcionarios del ámbito forense de esos países. El término «menas-Erasmus» surgió en escritos de la Fiscalía para describir este patrón.
El mecanismo es casi siempre idéntico. Los progenitores viajan con visado turístico junto a sus hijos, pasan unos días en España y después dejan a los menores en centros oficiales alegando que han cruzado solos la frontera. Mientras tanto, los jóvenes son derivados a pisos tutelados o residencias, donde reciben visitas periódicas de sus familiares y mantienen contacto permanente con ellos.
Con el paso del tiempo, y una vez alcanzada la mayoría de edad, estos chicos acceden a prestaciones económicas, ayudas de inserción y otros apoyos sociales destinados a quienes realmente carecen de respaldo familiar. La investigación conocida como Operación Suiza —en alusión a los antiguos viajes de familias españolas para escolarizar a sus hijos en el extranjero— destapó parte de este entramado.
Los responsables policiales advierten de que esta práctica está tensionando seriamente la red de acogida, ya saturada. Plazas que deberían destinarse a menores sin recursos quedan ocupadas por jóvenes cuyos padres cuentan con capacidad económica suficiente en sus países de origen. El caso del político de Orán, con un salario holgado y medios para mantener a su familia, se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de una estrategia que continúa creciendo pese al cerco de los investigadores.
