Un demoledor informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha destapado el caos que caracterizó las contrataciones de material sanitario durante la pandemia bajo el Gobierno autonómico de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Memoria Democrática. El documento adelantado por The Objective, que revisa la gestión de los contratos de emergencia del Servicio Canario de la Salud (SCS), describe un panorama de adjudicaciones millonarias a empresas sin experiencia, con controles debilitados y con un procedimiento administrativo que, según el propio órgano fiscalizador, rozó la ilegalidad.

El trabajo, presentado hace un año pero que vuelve a cobrar relevancia tras las recientes investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, detalla que cerca de un tercio del importe de los contratos más importantes fue a parar a compañías sin trayectoria ni objeto social vinculado al sector sanitario. En total, estas adjudicaciones irregulares sumaron 34,7 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Entre las empresas señaladas figuran Soluciones de Gestión, Injoo, RR7 United, Damco Trading Services y ACJ. Las cuatro primeras están implicadas en causas judiciales abiertas, mientras que los responsables de ACJ tuvieron que comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. Tres de ellas —Soluciones, Injoo y RR7— ni siquiera estaban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores, un requisito básico para poder contratar con la Administración.

La auditoría advierte que estas compañías «no demostraron solvencia técnica ni profesional», algo exigido por la Ley de Contratos del Sector Público incluso en circunstancias de emergencia. La falta de controles, señala el informe, aumentó el riesgo de que el material adquirido no cumpliera los estándares mínimos de calidad. En algunos expedientes, la Audiencia considera que podrían concurrir causas de nulidad.

El documento también desmonta la justificación de la urgencia. Aunque reconoce el contexto de colapso sanitario y la necesidad de actuar con rapidez, subraya que la legislación excepcional aprobada en marzo de 2020 no eximía al Gobierno canario de acreditar la idoneidad de los contratistas ni de rendir cuentas. Según la Audiencia, «la tramitación de emergencia no debía suponer el debilitamiento de las garantías esenciales de la contratación pública».

Los auditores destacan además el desorden interno que imperó en el Ejecutivo autonómico. En lugar de activar el comité de emergencias previsto por decreto, se constituyó un «grupo de trabajo informal», sin existencia legal, que asumió la tramitación de los contratos más cuantiosos del SCS. Esta estructura paralela, según el informe, redujo la transparencia y erosionó los mecanismos de control.

El caso de RR7 United ejemplifica los fallos detectados: el contrato fue rescindido, se reclamó la devolución de los anticipos y se inició un procedimiento ejecutivo para recuperar el dinero. Soluciones de Gestión e Injoo, por su parte, concentraron más del 23% de la facturación total sin acreditar solvencia ni experiencia en el suministro de productos médicos. Damco y ACJ completaron la lista de adjudicatarias con operaciones que superaron los límites de autorización sin el visto bueno del Gobierno autonómico.

La Audiencia de Cuentas concluye que, aunque la pandemia creó un contexto extraordinario, el Gobierno de Torres no supo compatibilizar la urgencia con la legalidad y la eficiencia exigidas por la ley. El resultado, resume el informe, fue una gestión precipitada que abrió la puerta a intermediarios sin capacidad real y a prácticas que comprometieron la transparencia del gasto público.