El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha regularizado, a través de la Agencia de Vivienda Social, la situación de 1.292 okupas en la región desde el año 2016 al año 2023. Esta cifra constituye el 31,57% de los contratos de arrendamiento. El resto, el 68,43% corresponden a contratos regulares, que son un total de 2.801.

La administración regional ya reconoció en la Memoria de Cumplimiento de Objetivos de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid del año 2020 que «se formalizaron 91 contratos de arrendamiento a favor de ocupantes irregulares». En total, se suscribieron en total 265 contratos de arrendamiento. El 34,34% fueron, por tanto, a okupas.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal insiste en sus medidas para abaratar el acceso a la vivienda y volver a construir «una sociedad de pequeños propietarios y de alquileres asequibles«. Para VOX las medidas pasan por la ampliación del suelo disponible para construcción; la reducción de los trámites administrativos y la simplificación burocrática para acelerar la construcción; las facilidades para el crédito a familias españolas; la limitación a la demanda extranjera; y una fiscalidad que permita a las familias españolas ser propietarias.

VOX apuesta además por la vivienda de protección oficial para españoles (en propiedad o en alquiler con opción a compra); por recuperar la seguridad jurídica de los alquileres; por la derogación inmediata de la Ley de Vivienda «y demás regulaciones que han llevado a la reducción drástica de los pisos disponibles»; y por una lucha decidida contra la okupación. También por la promoción de alquileres asequibles y estables con incentivos y bonificaciones; y por el incremento del parque de vivienda social «como solución temporal para españoles en situación vulnerable».