La consigna de la dirección de Quórum 77, la ONG canaria investigada por presuntas vejaciones y maltrato a menores extranjeros no acompañados (menas) bajo tutela pública, era contundente: aplicar dureza y recurrir a la violencia cuando fuera necesario. Así lo denuncia un antiguo empleado al diario Abc, que trabajó durante siete meses en uno de los centros gestionados por la organización en Tenerife. Asegura que fue testigo de múltiples situaciones irregulares y agresiones contra menores.

Este profesional, que hoy continúa vinculado al ámbito social en otra entidad, recuerda cómo la violencia se había convertido en la herramienta principal de control. A pesar de que los niños «no eran conflictivos por naturaleza», los altercados se desencadenaban casi siempre, según él, por la actitud provocadora de algunos educadores. «Los chicos reaccionaban organizando protestas como mecanismo de defensa. En una ocasión vi cómo un enfrentamiento acabó con sangre», relata.

Uno de los aspectos que más le alarmó desde su incorporación fue el tipo de personal que se contrataba. «Buscaban músculo, no vocación social. La mayoría no tenía ninguna formación específica», denuncia. Según explica, la dirección priorizaba incorporar individuos capaces de reprimir disturbios físicos, incluso mediante prácticas prohibidas por la legislación vigente, como el «mataleón» —una técnica que implica presionar el cuello por detrás con el brazo, restringiendo la respiración—.

En una habitación del macrocentro de La Laguna, con capacidad para 300 menores, existía un espacio específico al que sólo accedía un grupo reducido de trabajadores, según su testimonio. Era allí donde, de manera discreta, se ejercía la violencia más extrema. «No podíamos entrar los que tratábamos de mediar con diálogo. Era un lugar reservado para contenciones físicas», afirma. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían dónde se encontraba.

Además, denuncia condiciones de hacinamiento alarmantes: habitaciones donde debían dormir seis niños apilados en literas, o estancias pensadas para uso individual que alojaban a medio centenar de menores. «Había habitaciones donde se acumulaban 50 chicos. El control administrativo y el seguimiento por parte del Gobierno de Canarias brillaban por su ausencia», lamenta.

A medida que aumentaban los conflictos internos, desde la dirección de Quórum 77 —que llegó a recibir hasta cinco millones de euros en un sólo mes del Ejecutivo autonómico— se exigía más «mano dura». Para ello, se reforzó la plantilla con perfiles físicamente imponentes. «Eran como porteros de discoteca: grandes, tatuados, con barba… Se imponían con solo entrar en la sala», asegura el extrabajador.

Estos refuerzos eran convocados a través de un grupo de mensajería instantánea, sobre todo cuando se preveía un disturbio. Les ofrecían remuneraciones adicionales por intervenir, siempre con la misión de acabar rápidamente con cualquier brote de tensión. «Se buscaba erradicar los problemas al mínimo coste y con máxima contundencia. Querían que infundiéramos respeto a base de miedo», recuerda.