En apenas tres días, 73 menas han entrado ilegalmente en Ceuta. La ciudad autónoma, completamente desbordada, alberga ya a 475 menores, la mayoría de ellos marroquíes. Un nuevo episodio que confirma lo que el Gobierno central y autonómico se niegan a reconocer: la inmigración ilegal no cesa, se gestiona, se financia y se distribuye.
Con una capacidad límite de 132 plazas en los centros de acogida, el sistema ceutí está al borde del colapso. Lejos de endurecer controles, repatriar o exigir responsabilidades a Marruecos, el Ejecutivo activa traslados masivos a comunidades autónomas españolas, como si el problema fuera sólo logístico y no político.
Este lunes, 27 menores marroquíes fueron enviados a Andalucía, como parte de un plan de cooperación con la Junta. No hay retorno previsto. No hay sanción diplomática. Y el silencio mediático es total. A través de convenios establecidos tras la crisis de 2021 —cuando Marruecos permitió el cruce masivo de más de 10.000 ilegales en 48 horas—, el Estado español sigue premiando la deslealtad marroquí con acogida, recursos públicos y legitimación de los hechos consumados.
Organizaciones como SAMU y Engloba, financiadas por el erario, se encargan de distribuir y custodiar a estos menores en territorio peninsular. Sin documentos, sin trazabilidad y sin garantías.
El Gobierno local ha expresado su preocupación, sin atreverse a nombrar el fondo del problema: Ceuta vive ciclos de invasión, no fenómenos migratorios espontáneos. En agosto de 2024, más de 300 menores entraron en pocos días. Este julio, la historia se repite.
