Cuatro meses después de su entrada en vigor, la baliza V16 se ha convertido en un nuevo frente político y judicial para el Gobierno. Una asociación de defensa de los conductores ha presentado una demanda ante los tribunales de Madrid que cuestiona tanto la legalidad del dispositivo como su implantación, lo que abre la puerta a que el conflicto acabe en instancias europeas.
El dispositivo, impulsado por el Ministerio del Interior que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha generado rechazo entre los conductores, obligados a adquirirlo por un coste de entre 30 y 50 euros. A esta contestación social se suma ahora la vía judicial, que apunta directamente a posibles irregularidades en su aplicación.
La demanda se articula en dos frentes. El primero pone en duda el supuesto período de gracia anunciado por el Gobierno, durante el cual no se sancionaría a los conductores que no dispusieran de la baliza. Según denuncian, ese margen nunca se respetó. Existen denuncias desde el mes de enero, apenas días después de la entrada en vigor de la obligación, lo que desmonta el compromiso trasladado públicamente por el Ejecutivo.
El segundo eje de la impugnación apunta a un posible incumplimiento del procedimiento europeo. Según la normativa comunitaria, España debería haber notificado a Bruselas tanto el contenido como la forma de implantación de esta medida. Sin embargo, esa comunicación no se ha producido, tal y como ha advertido la propia Unión Europea en un comunicado.
Este punto resulta clave, ya que la obligatoriedad de la baliza V16 podría vulnerar el principio de libre circulación dentro de la Unión Europea. La imposición de un requisito específico en España podría resultar discriminatoria para conductores de otros países que circulen por territorio nacional sin disponer de este dispositivo.
Mientras tanto, el mercado de la V16 ha crecido de forma acelerada, con decenas de empresas comercializando estos dispositivos en apenas unos meses. Un negocio en expansión que ahora queda bajo la sombra de una posible anulación judicial.
La presión política también ha aumentado. El caso ha obligado al ministro Grande-Marlaska a comparecer en el Congreso, en medio de críticas por la gestión de una medida que, lejos de mejorar la seguridad vial sin polémica, ha derivado en un conflicto legal, económico e institucional de primer orden.
