La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha vuelto al centro del debate público tras la viralización de un tuit de Pedro Vallín, periodista y fundador de la asociación, en el que hacía bromas de mal gusto sobre las víctimas de la DANA en Valencia. Este episodio ha reavivado las críticas hacia la AICE de la que forma parte, que desde 2020 ha recibido un total de 661.800 euros en subvenciones públicas de diversas instituciones.
Entre las ayudas más significativas destacan los 71.200 euros otorgados en 2024 por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para la organización de festivales de cine. A esto se suman los 66.600 euros recibidos en 2023, también del ICAA, y 20.000 euros en 2022 para actividades similares. En 2021, la asociación obtuvo 15.000 euros de este organismo y, en 2020, la cifra más alta: 150.000 euros procedentes del Ayuntamiento de Alcobendas, destinados a la organización de los Premios Feroz.
Además de estas subvenciones directas, la AICE también ha accedido a programas de reafianzamiento de avales para pequeñas y medianas empresas gestionados por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). En 2024, recibió 280.000 euros bajo este concepto, y en 2023, 37.500 euros. Estas ayudas, aunque no se relacionan directamente con festivales, han suscitado preguntas sobre la amplitud y justificación de las subvenciones recibidas.
La polémica se agrava debido al contenido del tuit de Vallín, que ha sido calificado como insensible en redes sociales. Críticos señalan que este tipo de declaraciones genera dudas sobre la idoneidad de destinar fondos públicos a una asociación vinculada a figuras que protagonizan episodios de esta índole. A esta controversia se suma el hecho de que la asociación ya había recibido 11.500 euros en 2021 de la Comunidad de Madrid para actividades culturales, lo que refuerza la percepción de que cuenta con múltiples fuentes de financiación estatal y autonómica.
El debate sobre la financiación pública de proyectos culturales, y en particular sobre la transparencia en la asignación de estas subvenciones, se ha intensificado con este caso. Muchos se preguntan si el apoyo económico a entidades como la AICE, especialmente cuando están relacionadas con controversias mediáticas, está debidamente justificado o debería ser revisado.
