Vic se ha convertido en el primer Ayuntamiento de Cataluña en ser condenado por exigir un nivel desproporcionado de catalán para optar a un empleo en su plantilla. El Consistorio, dirigido por Junts, pedía un nivel B2 de catalán para cubrir una plaza de operario de cementerio y mantenimiento, pero el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona ha declarado «nulas» las bases del concurso y ha ordenado que el requisito se reduzca al nivel básico A2.

La sentencia del juez subraya que elevar de forma indiscriminada el nivel de catalán «genera una barrera de acceso con efecto excluyente» para quienes no lo acrediten y constituye «una discriminación directa por razón de lengua». El fallo enfatiza que el puesto es eminentemente manual y no requiere interacción lingüística compleja, lo que hace desproporcionado el nivel B2 exigido.

El texto legal que respalda la decisión judicial es el decreto 161/2002 sobre la acreditación del catalán en procesos de selección de personal en la administración pública catalana, que establece que el conocimiento de la lengua cooficial debe ser «en el grado adecuado a las funciones de las plazas». Este argumento sirvió al juez para invalidar el concurso del Ayuntamiento de Vic.

Ángel Escolano, abogado y presidente de Convivencia Cívica, que presentó el recurso, asegura que la resolución refuerza la obligación de que los municipios «exijan un nivel de catalán razonable y acorde con las funciones del puesto». Añade que no tiene sentido evaluar gramática o literatura catalana para un operario de cementerio «si no es para impedir que ciudadanos no catalanohablantes de otras partes de España puedan acceder a la plaza».

El Consistorio de Vic, conocido por su apoyo al separatismo —con megafonía municipal con consignas secesionistas y cruces amarillas en la plaza central— defendió inicialmente su exigencia lingüística, pero ahora deberá rectificar y abonar 1.000 euros en costas, que saldrán del presupuesto público.