Es el delegado del Gobierno en la región
Una concejal socialista denuncia al presidente de la Gestora del PSOE en Extremadura y amigo personal de Pedro Sánchez, José Luis Quintana, por acoso laboral
Una concejal socialista denuncia al presidente de la Gestora del PSOE en Extremadura y amigo personal de Pedro Sánchez, José Luis Quintana, por acoso laboral
José Luis Quintana, en un encuentro con los medios durante el Congreso 'Avance del Municipalismo en Extremadura'. Europa Press
Por LGI
2 de enero de 2026

Una militante y concejal del PSOE en Extremadura ha presentado una denuncia interna contra José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en la región y presidente de la gestora socialista, por presuntos delitos de coacciones y acoso laboral.

La afiliada trasladó los hechos a la Ejecutiva Federal del PSOE, señalando directamente a uno de los dirigentes de mayor confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien designó a Quintana para su cargo hace apenas una semana.

Según fuentes cercanas a la denunciante, el escrito fue remitido a Ferraz a través del canal interno de denuncias del partido y detalla un supuesto comportamiento intimidatorio y presiones políticas. Desde su entorno aseguran que Quintana habría instado a la dirección regional y al entonces secretario general, Miguel Ángel Gallardo, a que la militante fuera despedida de su puesto como trabajadora del PSOE extremeño tras criticar su gestión. El despido se produjo meses después, lo que, según la denunciante, refuerza la gravedad de los hechos.

Desde la dirección regional del PSOE de Extremadura negaron este jueves cualquier tipo de persecución laboral y sostienen que la exmilitante nunca dependió orgánicamente de Quintana.

Esta no es la primera denuncia que salpica al delegado del Gobierno. Fuentes socialistas confirman la existencia de otras comunicaciones dirigidas a Ferraz relacionadas con presuntas irregularidades internas en la agrupación local de Don Benito (Badajoz), durante el proceso de renovación celebrado en octubre de 2024. En ellas se alerta de una supuesta alteración del censo de militantes, con altas producidas tras el cierre oficial del mismo.

Los denunciantes solicitaron la apertura de una investigación interna y posibles acciones penales, al amparo de la ley de protección de informantes, sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta. Estas denuncias coinciden con un contexto de tensiones internas que desembocaron en la dimisión de más de la mitad de la ejecutiva local.

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