La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el encarecimiento de casi 4,4 millones de euros de una obra de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura adjudicada por ADIF Alta Velocidad a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi. Esta última compañía aparece vinculada al entorno empresarial investigado en el denominado ‘caso Koldo’, según avanza este viernes VozPópuli.

El contrato corresponde a la construcción de la plataforma ferroviaria en el acceso a Mérida, concretamente en el tramo comprendido entre San Rafael y Cuarto de la Jara. El expediente, identificado con el número 3.18/20830.0279, figura entre los contratos cuya documentación ha reclamado la Guardia Civil en el marco de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional.

El 5 de noviembre de 2026, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieron a la sede de ADIF Alta Velocidad en Madrid para obtener una copia digitalizada del expediente completo. La actuación se produjo después de que el juzgado ordenase a la entidad pública entregar toda la documentación física y digital relacionada con la adjudicación.

Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la modificación económica aprobada durante la ejecución del contrato. ADIF autorizó el 8 de agosto de 2022 un incremento de 4.398.576,04 euros, impuestos incluidos, que fue comunicado a la Plataforma de Contratación del Sector Público al día siguiente.

El presupuesto inicial pasó de 28,27 millones a 32,66 millones de euros, lo que representa un encarecimiento del 15,6% respecto al importe de adjudicación. ADIF justificó la modificación alegando la aparición de «circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever», una de las causas contempladas en la normativa europea para permitir cambios en los contratos públicos durante su ejecución.

Sin embargo, el anuncio publicado en la plataforma de contratación no concreta cuáles fueron esas circunstancias ni qué actuaciones adicionales justificaron el incremento. Para determinar el alcance de la modificación será necesario examinar la memoria justificativa y el proyecto modificado que forman parte del expediente reclamado por los agentes.

Azvi, vinculada al entorno del ‘caso Koldo’

La presencia de Azvi en el contrato adquiere relevancia por sus relaciones anteriores con el entorno investigado en el ‘caso Koldo’. En 2023 trascendió que la compañía había contratado como asesores a Koldo García y a su esposa a través de la consultora Erikapat, con una remuneración mensual de 6.000 euros y primas de éxito que podían alcanzar los 350.000 euros por proyecto.

La Fiscalía Anticorrupción considera sospechosa esa relación contractual. Azvi rescindió el acuerdo el 27 de febrero de 2024, cuando las investigaciones judiciales ya estaban en marcha.

La UCO reclama documentación de ADIF

La intervención policial sobre el contrato ferroviario se enmarca en unas diligencias previas por un presunto delito de estafa y en una pieza separada declarada secreta por el juzgado. El mandamiento judicial, fechado el 4 de noviembre de 2026, ordenaba a ADIF facilitar a los investigadores una copia de toda la documentación disponible sobre el expediente. La entidad entregó un dispositivo USB con el contrato digitalizado.

La investigación examina un presunto entramado empresarial que habría aprovechado la capacidad de influencia de Cristian Corvillo para favorecer contrataciones públicas a cambio de beneficios económicos. Los agentes analizan adjudicaciones de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellos ADIF y ADIF Alta Velocidad.

El informe policial también recoge referencias a Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos, y a una transferencia de 65.000 euros ordenada por la sociedad portuguesa Esperança Colossal, vinculada a Jorge Pérez, que habría destinado posteriormente a la adquisición de inmuebles.