La «grapo» María Victoria Gómez Méndez, ha utilizado su turno de última palabra en el juicio por el secuestro del empresario Publio Cordón para defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña y para denunciar que hay militantes del PCE(r) que «están en la cárcel por sus ideas políticas».
«Se que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que PCE(r) y GRAPO son la misma cosa pero también hay otra del Tribunal Constitucional que dice que el referéndum catalán del 1-O es ilegal y eso no quita que el pueblo catalán no siga teniendo su derecho a la autodeterminación», ha dicho la acusada en el juicio que la Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia.
Gómez Méndez se ha sentado en el banquillo junto a José Antonio Ramón Teijelo por alquilar la casa de Lyon (Francia) donde estuvo cautivo Cordón y por enterrar su cuerpo, unos hechos por los que la Fiscalía pide para ellos 37 años y 10 meses de cárcel y una indemnización de 502.404 euros para su mujer y 500.000 euros para cada hijo.
Gómez Méndez, en prisión por su colaboración con la organización terrorista, ha asegurado que no le importa si se le condena porque ya asume que tiene «la cadena perpetua» por todas las penas que acumula.
Lo que realmente le interesa, ha explicado, es que «no se utilicen las mentiras de un testigo perjuro para desprestigiar a los GRAPO y perjudicar a otras personas».
Lo ha dicho en relación a la declaración como testigo del arrepentido Fernando Silva Sande, ya condenado por ese secuestro, que señaló que los acusados estuvieron con él ese verano de 1995 custodiando a Cordón durante su cautiverio y que alquilaron la casa.
Gómez Méndez ha defendido al exdirigente de los GRAPO Manuel Pérez Martínez, alias «camarada Arenas», de quien Silva Sande dijo que sabía que Cordón -cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado- estaba malherido al caer al vacío de una ventana cuando intentó escapar porque Teijelo le llamó.
«Cualquiera diría que Manuel Pérez Martínez es un semidios, un ser omnímodo que dirige los GRAPO (…). Que dejen en paz ya a Manuel Pérez Martínez», ha dicho.
Por su parte, Teijelo, que desvinculó a los GRAPO del PCE(r), ha negado en su alegato que participara en los hechos de los que le acusan.
Sin embargo, para la acusación que ejerce la familia del fallecido Cordón, que ha expuesto hoy su informe final, «la participación de los encausados ha sido clara, concreta y precisa».
Ellos eran, según el abogado, los encargados de la custodia del empresario y debían haber puesto «los medios para salvar su vida». De haberlo hecho, «quizá Publio Cordón estaría con nosotros» y no como ha ocurrido, que «a día de hoy, 20 años después se sigue sin saber dónde está el cuerpo».
Por su parte, las defensas de los acusados han puesto en duda la veracidad de la «versión interesada» de Silva Sande, que «oculta mucho más de lo que dice» y «posiblemente esté ocultando su verdadera participación en los hechos».
Ambos han criticado que el exgrapo esté disfrutando de beneficios penitenciarios a cambio de colaboración con la Guardia Civil -pese a que tanto él como la Fiscalía lo niegan- y han dicho que sus representados no pueden ser condenados por unos hechos que ocurrieron en 1995 y que han prescrito.
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