Una mujer marroquí de 46 años residente en la comarca de Pamplona percibe, según las cantidades recogidas por Navarra.com y difundidas posteriormente por El Español, más de 4.000 euros mensuales en prestaciones públicas mientras se ocupa del cuidado de sus dos sobrinos, de seis y nueve años. La beneficiaria, que actualmente no trabaja, dispone además de una vivienda pública subvencionada y recibe apoyo para afrontar distintos gastos domésticos.
La mujer, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato, asegura que dedica su tiempo a atender a los dos menores que tiene bajo su responsabilidad. Al ser preguntada por su experiencia en España y el trato recibido por las administraciones, responde satisfecha: «Nos tratan muy bien».
La mayor parte de los ingresos descritos procede del sistema de acogimiento familiar de menores. Según las cifras publicadas, recibe 850 euros mensuales por uno de sus sobrinos y otros 635 por el segundo. A esas cantidades se añaden 1.120 euros correspondientes a una prestación por acogimiento especializado, lo que eleva el conjunto de estas ayudas a aproximadamente 2.600 euros al mes.
A esta cantidad se sumarían otros 1.321 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 132 euros atribuidos al Complemento de Ayuda para la Infancia. De esta manera, el importe total de las prestaciones mencionadas alcanza los 4.060 euros mensuales, aunque las cifras no han podido contrastarse con las resoluciones administrativas de concesión.
De hecho, existe una discrepancia en el complemento infantil: la cuantía establecida para 2026 es de 57,50 euros mensuales por cada menor de entre seis y 17 años, lo que supondría 115 euros para los dos niños, siempre que ambos cumplieran los requisitos. Por tanto, el importe exacto de las ayudas requiere una comprobación adicional.
La familia también reside en una vivienda gestionada por Nasuvinsa, la sociedad pública de vivienda de Navarra. Según el reportaje, la mujer abona alrededor de 500 euros mensuales por el alojamiento, si bien dispone de una subvención que reduce el coste de la vivienda. No se ha precisado qué porcentaje del alquiler está cubierto por la Administración.
La protección social descrita incluye asimismo distintas formas de asistencia para sufragar electricidad, calefacción, alimentación y necesidades escolares. Entre los mecanismos disponibles para hogares vulnerables figuran el bono social eléctrico y térmico, así como las ayudas para comedor, libros y material educativo, aunque no se ha podido verificar cuáles de estas prestaciones recibe efectivamente la familia ni sus importes.
El caso refleja la posibilidad de acceder simultáneamente a diferentes programas de protección social cuando se cumplen sus respectivos requisitos. No obstante, las cantidades destinadas al acogimiento tienen como finalidad contribuir al mantenimiento y cuidado de los menores, por lo que no pueden equipararse íntegramente a un salario personal ni considerarse automáticamente ingresos disponibles para el ahorro.
Por otra parte, el acceso a estas prestaciones no implica una exención general de impuestos. Su tratamiento fiscal depende de la naturaleza de cada ayuda y de las circunstancias de la unidad familiar. Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, además, están obligados a presentar la declaración de la renta, aunque ello no suponga necesariamente tener que abonar IRPF.
Mientras tanto, la mujer insiste en que su prioridad es garantizar el bienestar de sus dos sobrinos y valora positivamente la atención recibida en Navarra, donde asegura haber encontrado el respaldo necesario para hacerse cargo de ambos menores.