La organización internacional Transgender Europe (TGEU), que ha recibido financiación de las fundaciones Open Society de George Soros, ha publicado una guía jurídica destinada a facilitar reclamaciones ante los tribunales para que los sistemas públicos de salud financien operaciones de cambio de sexo, incluidos procedimientos realizados a menores de edad.
El documento, titulado Evolución jurídica en materia de asistencia sanitaria específica para personas trans, analiza sentencias dictadas durante los últimos quince años en países europeos, entre ellos España, Alemania, Francia, Austria y Países Bajos. Su objetivo declarado es proporcionar a activistas y abogados herramientas legales para ampliar el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas.
Según una investigación publicada por The Objective, el informe recoge procedimientos judiciales utilizados para reclamar el reembolso de operaciones realizadas en clínicas privadas cuando la Administración había rechazado su financiación o no podía practicarlas dentro de los plazos establecidos.
La organización identifica vías para impugnar denegaciones administrativas, restricciones de edad, listas de espera y determinados requisitos médicos, recurriendo a precedentes nacionales y a la jurisprudencia europea.
Sentencias españolas para reclamar miles de euros
Entre los casos españoles recopilados figura una sentencia de 2023 que reconoció el reembolso de 20.737 euros por una faloplastia realizada en una clínica privada, después de que el sistema público no proporcionara una alternativa adecuada. Otro pronunciamiento judicial, de 2018, obligó a ofrecer una intervención quirúrgica en un centro público o privado con financiación sanitaria pública porque la espera superaba los 180 días establecidos legalmente.
El documento también aborda intervenciones y tratamientos a menores. Entre los ejemplos citados figura una resolución de 2023 relativa al tratamiento hormonal de una persona de 16 años y otra de 2026, dictada en Zaragoza, que reconoció el reembolso de una mastectomía practicada antes de alcanzar la mayoría de edad.
Las feministas denuncian una estrategia de presión judicial
La publicación ha provocado las críticas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que considera que la recopilación de precedentes pretende facilitar litigios estratégicos para ampliar la financiación pública de estas intervenciones y cuestionar los límites de edad.
Según recoge The Objective, la organización feminista denuncia que TGEU busca proporcionar herramientas para que los tribunales obliguen a las administraciones sanitarias a asumir costes de operaciones realizadas en centros privados.
La Alianza también cuestiona la influencia de las grandes fundaciones internacionales en el desarrollo de estas estrategias jurídicas. Según los datos citados en la investigación, Transgender Europe recibió al menos 1,24 millones de euros de Open Society Foundations entre 2016 y 2022, además de otras aportaciones públicas y privadas.
TGEU, por su parte, sostiene que las herramientas judiciales son necesarias para combatir las discriminaciones y garantizar el acceso a prestaciones sanitarias consideradas médicamente necesarias. La guía no modifica las leyes españolas ni establece un derecho automático a obtener cualquier intervención quirúrgica con financiación pública. Sin embargo, ofrece nuevos argumentos para recurrir decisiones sanitarias y reclamar la cobertura de tratamientos previamente denegados.
