Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, ha anunciado que la plataforma ciudadana está inmersa en una intensa carrera contrarreloj para reunir los fondos necesarios que les permitan dar el salto al terreno judicial y frenar el avance descontrolado de megaproyectos solares sobre tierras agrícolas. El objetivo es ambicioso: lograr 12.000 euros antes de las 23.59 horas del jueves 31 de julio. Y la causa, urgente: detener lo que consideran una «implantación especulativa» de instalaciones fotovoltaicas en suelos fértiles de alto valor productivo.

La ofensiva legal, impulsada junto a la Asociación Ecología y Libertad, se centrará inicialmente en cuatro proyectos energéticos previstos en el municipio jienense de Lopera, donde, según denuncian, la Junta de Andalucía habría incurrido en un fraude normativo al autorizar infraestructuras fraccionadas para evitar que superen los 50 MW, umbral que derivaría la competencia al Estado central. En lugar de evaluar de forma conjunta la afección ambiental de los ocho proyectos promovidos por la empresa Greenalia, la administración autonómica lo habría hecho individualmente, una práctica que, según sus abogados, vulnera la legalidad vigente.

El equipo jurídico de Ecología y Libertad, encargado de llevar la causa ante los tribunales, considera que este tipo de maniobras responde a una estrategia deliberada para esquivar el marco legal estatal y mantener bajo control autonómico la tramitación de los proyectos. Según denuncian, esto permite al Gobierno andaluz agilizar autorizaciones en perjuicio de la transparencia y del interés agrícola y medioambiental.

En declaraciones a El Debate, fuentes de SOS Rural confirmaron que sólo en un día lograron recaudar más de 7.000 euros, lo que alimenta el optimismo de la organización de cara a cumplir su meta económica. Corbalán ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía, apelando a la solidaridad y al compromiso con la defensa del campo español: «Esto es David contra Goliat, pero David no está solo. Está con miles de españoles conscientes del peligro que supone este ecocidio organizado por élites políticas y burocráticas».

SOS Rural remarca que no recibe ni solicita subvenciones públicas, financiándose exclusivamente a través de cuotas de agricultores y donativos particulares. «Nuestra independencia nace de nuestra autofinanciación. No debemos nada a nadie, salvo a nuestros agricultores, que son nuestra única razón de ser», ha afirmado la portavoz. «Mi partido político son ellos», sentenció Corbalán en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Desde la plataforma aclaran que su lucha no va contra la transición energética ni contra las renovables, sino contra su despliegue desordenado y destructivo sobre los campos de cultivo. “No nos oponemos a las energías limpias, sino a que se implanten sin planificación, arrasando las tierras que nos dan de comer. Queremos regulación, zonificación clara y que se aprovechen los suelos degradados en lugar de los fértiles”, reivindican.

Las cifras que manejan son preocupantes: el 69,6% de las instalaciones solares fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares en Andalucía se ubican en terrenos clasificados como S1 y S2, es decir, suelos agrícolas de gran capacidad productiva. Por ello, exigen una normativa vinculante que prohíba estos proyectos en esas áreas y favorezca su reubicación en zonas marginales.

Corbalán cerró su intervención con un mensaje directo a la conciencia colectiva: “Esto no es solo un problema andaluz, ni de los agricultores. Es de todos. Nos están quitando el derecho a alimentarnos de nuestras propias tierras. Si no lo frenamos hoy, mañana será demasiado tarde”.