La plataforma SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han anunciado que van a impulsar una macrocausa judicial «pionera» en toda España contra las placas solares instaladas en terrenos agrícolas. Esta iniciativa, que también cuenta con el respaldo de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, busca frenar el crecimiento descontrolado de estos proyectos energéticos sobre suelos fértiles y de alto valor productivo.
Las entidades promotoras denuncian que bajo el paraguas de la transición energética se está permitiendo un modelo especulativo que amenaza seriamente al medio rural. «Esta no es una batalla contra las energías renovables, sino contra su implantación irresponsable sobre tierras de cultivo imprescindibles para nuestra soberanía alimentaria», ha advertido la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán.
Uno de los primeros escenarios de esta ofensiva legal será el municipio jienense de Lopera, donde están proyectadas cuatro grandes plantas solares. Las plataformas alertan de que estos proyectos, sumados a los más de 20 que se prevén en toda la provincia de Jaén, implicarán la destrucción de más de 100.000 olivos, muchos de ellos con siglos de antigüedad.
Margarita Fernández, presidenta de la Asociación Ecología y Libertad, ha recalcado que “la transición energética debe ir acompañada de una planificación territorial racional, que delimite de forma clara las zonas aptas y excluya los espacios de alto valor agronómico o ecológico, más allá de las evaluaciones de impacto ambiental vigentes”.
A juicio de los convocantes, el modelo actual de implantación de parques fotovoltaicos supone una amenaza directa para el paisaje, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la economía agraria. Por ello, reclaman la creación urgente de una zonificación legal que impida este tipo de infraestructuras sobre suelos de alta productividad, y que oriente estos desarrollos hacia terrenos degradados o de escaso interés agrícola.
Las organizaciones firmantes exigen además la aprobación de una normativa estatal específica que blinde el uso de la tierra agrícola frente a los intereses especulativos del sector fotovoltaico, siguiendo el ejemplo de países como Francia o Italia. “Es necesario legislar con claridad para evitar el deterioro irreversible del medio rural y proteger lo que garantiza nuestro abastecimiento de alimentos, empleo y equilibrio ambiental”, ha subrayado Corbalán.
