Pilar, una propietaria de La Coruña, ha logrado recuperar su vivienda tras cinco años de okupación, pero su situación dista de haberse resuelto. Después de recuperar el inmueble en julio del pasado año, ahora afronta una nueva batalla: reclamar cerca de 4.000 euros en facturas de suministros que tuvo que pagar por la persona que ocupaba ilegalmente su casa.

El inmueble, ubicado en el centro de la ciudad y recién reformado, fue ocupado por quien había sido su inquilina, una mujer de origen marroquí que dejó de abonar el alquiler —que superaba los 350 euros— y se negó a abandonar la vivienda pese a recibir ofertas de alternativa habitacional e incluso propuestas de empleo.

Durante los años de ocupación, Pilar no sólo perdió el uso de su propiedad, sino que además tuvo que hacer frente a los gastos derivados del consumo de agua. Ante la imposibilidad de soportar los pagos, dejó de abonar algunos recibos, lo que derivó en el embargo directo de su pensión. Finalmente, se vio obligada a asumir la deuda generada por la okupa para evitar mayores consecuencias económicas, detalla El Debate.

Los pagos se realizaron de forma fragmentada y por distintas vías, lo que ahora complica la reclamación. La propietaria confió en que la Xunta pudiera hacerse cargo de estos gastos, pero la Administración le exige la presentación de justificantes detallados de cada recibo. En muchos casos, esos comprobantes no existen, ya que algunos pagos se efectuaron por vía telefónica sin constancia documental.

A esta dificultad se suma la falta de colaboración de la compañía suministradora de agua, que, según denuncia Pilar, no le facilita los documentos necesarios para iniciar el proceso de devolución.

La situación vivida en el inmueble llegó a alcanzar momentos de riesgo. «Es un edificio de diez viviendas y esto no saltó por los aires porque Dios no quiso», relató la propietaria, tras encontrar el gas abierto en el interior del piso.

El proceso para recuperar la vivienda se vio además retrasado por una orden que paralizó el desahucio, lo que prolongó la ocupación durante años. Ni las alternativas ofrecidas ni las distintas gestiones lograron que la okupa abandonase voluntariamente el inmueble.

Según el testimonio de Pilar, la ocupante llegó incluso a exigirle 10.000 euros a cambio de marcharse, alegando que necesitaba ese dinero para afrontar la fianza de otra vivienda.

El caso refleja el impacto económico y personal que la okupación tiene sobre los propietarios, que, incluso tras recuperar sus inmuebles, deben iniciar nuevos procedimientos para intentar resarcirse de los costes acumulados durante años.