La madrileña calle de Ferraz, lugar donde se encuentra la sede nacional del PSOE, no es un «lugar especialmente protegido» por mucho que lo diga el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de justicia de Madrid (TSJM) al resolver un recurso contencioso-administrativo presentado por el partido español Falange contra Martín Aguirre, al no permitirles manifestarse en la calle Ferraz el próximo viernes 9 de febrero.
Falange planeaba celebrar ese día junto a Falange Española de las JONS —otro partido— un acto de homenaje en recuerdo de Matías Montero, joven miembro de Falange asesinado hace 90 años por las Juventudes Socialistas muy cerca de su sede, en la calle Juan Álvarez Mendizábal. Durante el recorrido, comunicado con la debida antelación a la Delegación del Gobierno en Madrid, iban a pasar por Ferraz, pero el delegado no autorizó ese recorrido, argumentando que la sede del PSOE es «un lugar especialmente protegido». Ahora, el TSJM le ha quitado la razón. Manuel Andrino, líder de la formación, anunciaba la noticia en su cuenta de X (Twiter), compartiendo una nota de Okdiario en la que se adelantaba la sentencia.
Varapalo judicial al comisario político del PSOE en la Delegación del Gobierno en Madrid,puesto que el TSJM ha ESTIMADO el recurso interpuesto por La Falange contra la decisión arbitraria de modificar el recorrido de la manifestación de mañana día 9-Feb. https://t.co/j6jvwSrMVR
— Manuel Andrino Lobo (@ManuelAndrino) February 8, 2024
La manifestación podrá, por tanto, celebrarse este viernes tal y como pedían sus organizadores. Una mala noticia para Francisco Martín Aguirre, aunque no la única que ha recibido estos días. El pasado 16 de enero, el juez de Instrucción número 49 de Madrid decidió abrir diligencias previas contra él por las cargas policiales que tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre con lanzamiento de gases lacrimógenos en las protestas contra Pedro Sánchez también en Ferraz.
Así consta en un auto en el que el magistrado acordaba la incoación de diligencias previas por la comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el delegado de Gobierno a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. También se incoan diligencias contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes.
