El movimiento ciudadano contrario a las ZBE impuestas por el bipartidismo ha comenzado una nueva fase de movilización en Madrid y Barcelona, donde distintos colectivos preparan una gran concentración el 22 de noviembre con la intención de visibilizar un rechazo que, aseguran, trasciende fronteras municipales. Las plataformas convocantes subrayan que esta protesta no será un acto simbólico más, sino un punto de inflexión en la coordinación entre entidades y vecinos afectados por las restricciones ambientales.
En Cataluña, el malestar ha ido creciendo a lo largo de los últimos meses. Ciudades como Gerona, Manresa, Tarrasa o Reus han visto surgir agrupaciones vecinales que denuncian la manera en que se han puesto en marcha las Zonas de Bajas Emisiones: procedimientos acelerados, escasa justificación técnica y un impacto que —según sus portavoces— recae desproporcionadamente sobre trabajadores y familias con menos recursos. En Manlleu, el colectivo «No ZBE Manlleu» se ha convertido en uno de los referentes del movimiento, impulsando protestas y articulando un discurso que ha calado en toda la comarca.
El ejemplo de Reus ilustra bien la situación. El Ayuntamiento planteó una ZBE que llegaría a cubrir dos tercios del término municipal, una proporción inusualmente alta para una ciudad de esas características. De esa decisión nació un grupo organizado que hoy agrupa a más de 400 vecinos, quienes argumentan que la localidad tiene niveles muy bajos de contaminación y sufre un déficit crónico de alternativas de movilidad. Este tipo de quejas se han extendido por buena parte del territorio catalán.
A nivel jurídico, varias sentencias han reforzado la sensación de desconcierto. Tribunales de Barcelona, Esplugas, Cornellá e incluso Madrid han tumbado ordenanzas por falta de informes económicos, escasa valoración del impacto social o diseño deficiente de las medidas. La Asociación de Automovilistas Europeos ha animado a recurrir todas las multas recibidas, recordando que miles de sanciones podrían quedar sin efecto si se aplican los criterios judiciales ya existentes.
El choque político no se ha hecho esperar. VOX ha acusado al Govern de impulsar una agenda «puramente ideológica» y de convertir las ZBE en un «experimento social» que castiga a los sectores populares. Desde la Generalitat, en cambio, la consejera Paneque ha defendido sin matices la medida, insistiendo en que pretende proteger la salud pública y que el Ejecutivo catalán está proporcionando asistencia técnica y ayudas a los ayuntamientos.
Pese a estas declaraciones, el mapa catalán muestra una realidad desigual: algunos municipios han aprobado moratorias, otros han renunciado a activar la ZBE y varios admiten no tener recursos suficientes para hacerlo. Esa disparidad ha alimentado la sensación de caos entre los ciudadanos, que observan cómo en unas localidades se sanciona, en otras se devuelven multas y en otras ni siquiera se han puesto en marcha los sistemas de control.
Con este contexto, las entidades vecinales ven en la manifestación del 22 de noviembre un momento decisivo para exigir un giro en el modelo vigente. La creciente tensión social, unida a la falta de un criterio uniforme en Cataluña y al auge de la protesta en Madrid, ha convertido esta convocatoria en la principal referencia para quienes buscan replantear el enfoque actual de las ZBE.
