Exigen al ministro Grande-Marlaska que, en su condición de juez, no sea cómplice de un ataque al Estado Derecho retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación española de policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) alertan de la gravedad de la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales.
“Implicaría dejar en manos del Gobierno vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional”, aseguran. Asimismo muestran preocupación por la puesta en marcha de la comisión de valoración de los abusos policiales sin que se haya retirado todavía el recurso de inconstitucionalidad de esta ley.
La pasada semana, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, tras una reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció que ambos gobiernos intentarán este mes desbloquear esta ley aprobada por el Parlamento vasco en 2016, varios de cuyos artículos están suspendidos temporalmente por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 fue recurrida por el Gobierno.
Entre otros razonamientos, argumentaba el Gobierno que la comisión de valoración que crea la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque es una labor que compete a los jueces.
El Colectivo y los sindicatos y asociaciones policiales exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada de este recurso: “En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho; todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos”.
Alegan que la ley vasca de abusos policiales está recurrida porque parte de su articulado contraviene gravemente la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.
Covite y los firmantes del comunicado denuncian que la intención del Ejecutivo regional con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales es “que el Estado de Derecho no controle su potestad normativa que, en este caso, es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales”. De esta manera, el Gobierno vasco tendría el empaque legal necesario para “perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años”.
Las víctimas y los sindicatos y asociaciones policiales reconocen la tortura como un crimen deleznable que merece que los Gobiernos pongan sus esfuerzos en impedir. “Sin embargo, en el caso del Gobierno vasco existen otros intereses detrás de sus actuaciones”, afirman.
“Cada uno de los pasos que el Ejecutivo vasco ha dado en los últimos años en materia de política de memoria pública se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea la actividad terrorista de ETA”. En esa estrategia, el Gobierno de la región necesita argumentos y está dispuesto a obtenerlos “retorciendo la realidad para ajustarla a su relato”.
Todos los firmantes de este comunicado exigen que la comisión de vulneraciones de derechos humanos en el marco de la lucha antiterrorista se contextualice e investigue debidamente, pero que, en ningún caso, se deslice “que las Fuerzas de Seguridad hayan actuado como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes”.
“Acusar al Estado de practicar vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática es asumir la teoría del conflicto”, alegan. Demandan al Gobierno de Sánchez que estudie esta cuestión en profundidad, sea cauto y tenga en cuenta que la banda terrorista ETA obligaba a todos sus integrantes a denunciar torturas de forma sistemática cada vez que eran detenidos, precisamente para legitimar su uso de la violencia.
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