VOX ha anunciado un paquete de medidas para «defender la libertad de los ciudadanos frente a la intimidación y la extorsión» tras el incidente de un heladero argentino con varios separatistas en Barcelona. El partido adelantó que, en los próximos meses, pondrá en marcha una oficina específica para ofrecer asesoramiento jurídico y respaldo a quienes sufran ataques, amenazas o presiones por utilizar el castellano en la capital catalana, según avanza The Objective.

La iniciativa surge tras la oleada de críticas y actos vandálicos contra la heladería Dellaostia, en el barrio de Gràcia, que apareció con pintadas como «fascistas de mierda» y carteles que acusaban al local de «anticatalanista» por supuestamente negarse a atender en catalán. Todo ocurrió después de que Guillem Roma, concejal de ERC en el distrito, denunciara que un empleado había «faltado al respeto» a su pareja durante las fiestas de Gràcia. Según Roma, el trabajador le reprochó que hablara en catalán, lo que desató una campaña de reseñas negativas y, dos días más tarde, el ataque físico al establecimiento.

El partido de Santiago Abascal considera que lo sucedido refleja una escalada de intolerancia lingüística en Cataluña. Gonzalo de Oro, portavoz de VOX en Barcelona, aseguró que la ciudad «debe ser un ejemplo de convivencia y respeto entre vecinos, sin importar la lengua que usen», y prometió no detenerse «hasta garantizar la plena libertad del castellano y del catalán frente a la imposición y la complicidad de quienes callan». Joan Garriga, su homólogo en Cataluña, añadió que lo de la heladería es «otro episodio de odio al español», donde «un concejal separatista señala y entidades subvencionadas ejecutan la represión vandalizando un comercio».

Los antecedentes avalan esta preocupación. Según los datos de Impulso Ciudadano, sólo en 2023 se registraron 175 incidentes de violencia política en Cataluña, casi todos vinculados a sectores secesionistas: desde acosos y escraches hasta agresiones, amenazas y destrozos en negocios. Un año antes, fueron 155, el 98,7% atribuibles también al independentismo. Y aunque todavía no existen cifras oficiales para 2024 y 2025, los episodios de hostigamiento continúan.

En ese contexto, grupos cercanos a Plataforma per la Llengua han visitado en los últimos meses diferentes comercios para exigir que tanto la atención a los clientes como los rótulos estén en catalán. Se trata de la misma entidad que, bajo el mandato de Quim Torra, obtuvo autorización de la Generalidad para infiltrar a activistas en colegios y fiscalizar qué idioma hablaban los niños en el recreo, con el objetivo de presionar para que se comunicaran en catalán.

VOX no se limitará a abrir la oficina de apoyo. También exigirá al Ayuntamiento de Jaume Collboni que se persone como acusación popular en los procesos judiciales contra los responsables de los ataques y que constituya una Comisión Extraordinaria en el consistorio para condenar lo ocurrido, reafirmar la igualdad de ambas lenguas oficiales y evitar que los hispanohablantes sigan siendo tratados como «ciudadanos de segunda».