La Junta de Castilla y León ha pagado este miércoles 575,9 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos. Castilla y León se convierte así en la primera región de España en efectuar este pago y lo hace en una fecha inédita: nunca antes se había abonado el anticipo de la PAC en el mes de septiembre.
El pago representa el 75% de las ayudas directas y alcanza a más del 90% de los potenciales beneficiarios. Desde hoy, esta inyección de liquidez comienza a llegar a las cuentas de los profesionales coincidiendo con uno de los momentos de mayores necesidades financieras del año agrario.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (VOX), ha destacado que «no estamos hablando únicamente de pagar antes, sino de pagar cuando el agricultor y el ganadero necesitan el dinero». «La PAC tiene que ser útil al campo, y este anticipo permite que miles de explotaciones dispongan de liquidez para organizarse y afrontar la nueva campaña».
La PAC es el principal instrumento de apoyo público al campo de Castilla y León y resulta determinante para el sostenimiento de su agricultura y ganadería profesionales. Este año adquiere una relevancia especial por la situación económica que atraviesan numerosas explotaciones, sometidas a costes elevados de fertilizantes, energía y carburantes, precios insuficientes y una fuerte pérdida de rentabilidad.
El anticipo llega cuando los agricultores están planificando la próxima campaña y deben asumir los gastos de semillas, fertilizantes, gasóleo agrícola y otros insumos indispensables para la sementera. La Junta adelanta así los fondos para que los profesionales no tengan que esperar a las fechas habituales y puedan tomar sus decisiones con mayor capacidad financiera.
La situación resulta especialmente preocupante en los cultivos herbáceos y, en particular, en el cereal, principal cultivo agrícola de Castilla y León y base económica de amplias comarcas rurales. La campaña 2025/2026 ha estado marcada por una reducción de los rendimientos, costes de producción elevados y precios que no permiten compensar suficientemente esos gastos. Las estimaciones internas reflejan una producción de cereal de invierno de 4,90 millones de toneladas, un 41,8% inferior a la campaña anterior, y una reducción del 13 % de la superficie sembrada.
La combinación de una menor cosecha, unos precios reducidos y el encarecimiento de los insumos ha provocado pérdidas importantes en un número considerable de explotaciones. Los estudios de la propia Consejería estiman pérdidas de entre 200 y 400 euros por hectárea en el cereal de secano, lo que revela la gravedad del problema de rentabilidad que afrontan los productores. «No podemos pedir a los agricultores que afronten una nueva sementera después de una campaña muy difícil y dejarles solos ante el coste de las semillas, los fertilizantes o el gasóleo. Este pago pone recursos en sus cuentas en el momento en que deben decidir qué siembran y cómo organizan su explotación», ha señalado el consejero.
El anticipo también proporciona liquidez a las explotaciones ganaderas, afectadas por el encarecimiento de los factores de producción, las incidencias sanitarias y, en algunas zonas, la falta de pastos, que obliga a suplementar la alimentación de los animales.
El pago ha exigido un trabajo técnico y administrativo de gran intensidad. La normativa europea obliga a completar previamente los controles administrativos y sobre el terreno, incluso cuando se trata de un anticipo. Los empleados públicos de la Consejería han adaptado procedimientos, revisado miles de expedientes y utilizado toda la información disponible en el sistema integrado de gestión y control para efectuar el pago con garantías.
La utilización de una aplicación informática propia, junto con el conocimiento y la capacidad de respuesta de los servicios técnicos, ha permitido incluir desde septiembre a más del 90 % de los potenciales beneficiarios. Los expedientes restantes, que tienen trámites o comprobaciones pendientes, podrán incorporarse a un nuevo pago de anticipos previsto para la segunda quincena de octubre.
Joaquín Antonio Pino ha reconocido expresamente «la profesionalidad y el esfuerzo de los empleados públicos de esta Consejería, sin los cuales no habría sido posible completar los controles y pagar en una fecha que nunca se había alcanzado».
Castilla y León ha convertido la autorización excepcional de la Comisión Europea en un pago efectivo. La posibilidad normativa era la misma para todas las comunidades autónomas, pero Castilla y León ha sido la primera en materializarla.
