El Congreso de los Diputados derogó este miércoles la llamada «Ley de Lobbies» después de que el Gobierno socialista aprobase la norma vía decreto-ley el pasado mes de agosto. Sin embargo, en la Cámara Baja, la norma no ha salido adelante por falta de votos, en concreto por la oposición de VOX, el PP, UPN y Junts.
Como es frecuente en las leyes que propone la izquierda, el texto propositivo inicial dice una cosa, y la realidad concreta que se plantea votar contiene otra. Supuestamente, el Ejecutivo buscaría crear un registro estatal al que deberían inscribirse «todos los grupos de interés que busquen un contacto con altos cargos de la Administración General del Estado», así como las obligaciones de información y auditoría previstas para estas entidades.
El Grupo Parlamentario VOX explicó que el Gobierno de Sánchez «utiliza el Real Decreto Ley sobre lobbies como un atajo frente a un Congreso que no le da los votos, vulnerando la labor legislativa de las Cortes Generales y convirtiendo un mecanismo excepcional previsto en la Constitución en una herramienta para sortear la falta de apoyos parlamentarios que constató cuando echó a andar el desarrollo del proyecto de ley».
Para el partido que preside Santiago Abascal, se trata de «un atentado a la separación de poderes” y también de «un monumento al cinismo político«, ya que «un Gobierno asediado por escándalos de corrupción pretende dar lecciones de transparencia, mientras el expresidente Rodríguez Zapatero continúa sin aclarar las informaciones sobre sus gestiones en favor de una empresa rescatada con dinero público».
Para VOX, «como si esta hipocresía no fuera suficiente, aprovechan la norma para introducir un artículo sobre descarbonización y adelantar obligaciones a la industria del transporte, imponiendo nuevas cargas por la puerta de atrás. No vamos a blanquear esta farsa», concluyó aclarando el Grupo.
