«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Después de que el Supremo acordase el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente las inscripciones en el CERA

VOX continúa su ofensiva por unas elecciones limpias y solicita un dictamen urgente a la Comisión de Venecia sobre el voto CERA y la «fiabilidad» del censo electoral

El presidente del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Pelayo Gordillo. Europa Press

VOX ha registrado ante la Mesa de la Diputación Permanente del Senado una solicitud para que el presidente de la Cámara Alta eleve a la Comisión de Venecia una petición de dictamen urgente sobre la transparencia y fiabilidad del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la aplicación de la ‘ley de nietos’ y los criterios utilizados para asignar a los electores residentes en el extranjero a las distintas circunscripciones electorales.

La iniciativa, presentada por el senador Ángel Pelayo Gordillo Moreno, llega después de que el Tribunal Supremo acordase el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente las inscripciones en el CERA derivadas de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, así como los efectos electorales de las ya practicadas. El Alto Tribunal advirtió de un peligro «fundado, real y serio» de que el crecimiento del censo exterior afecte gravemente a la objetividad y transparencia de los procesos electorales.

Según los datos recogidos en el escrito de VOX, el voto CERA había pasado de 2.328.260 electores en las elecciones generales de 2023 a 2.736.522 el 1 de julio de 2026, es decir, supone un incremento de 408.262 electores.

Por eso, VOX solicita que la Comisión de Venecia examine las garantías del procedimiento mediante el cual los nuevos electores residentes en el extranjero quedan adscritos a un municipio español y, por tanto, a una circunscripción electoral, especialmente cuando nunca han residido en España.

La formación considera urgente obtener un pronunciamiento antes de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre sobre las «garantías de legalidad, objetividad, trazabilidad y control efectivo», así como sobre las medidas que puedan adoptarse «para corregir deficiencias sin menoscabar la seguridad jurídica ni el ejercicio del derecho de sufragio».

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