El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, y el secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, denunciaron este jueves lo que califican como «una nueva estafa del bipartidismo»: la reforma del Estatuto de Autonomía pactada por PSOE y PP, que se debatirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Moreno subrayó que la modificación «no responde a ninguna demanda social» y que su único objetivo es «blindar los privilegios políticos y aumentar el gasto innecesario«. La reforma —aprobada en las Cortes regionales en mayo con los votos de socialistas y populares y el rechazo de VOX— amplía el número de diputados de 33 a 55, lo que, según las estimaciones del grupo, supondrá 12 millones de euros adicionales en sueldos, asesores y estructura administrativa.

«Castilla-La Mancha no necesita más políticos, necesita más médicos, profesores y agricultores», señaló Moreno, quien también denunció la intención del Ejecutivo de Emiliano García-Page de trasladar las Cortes regionales a un nuevo edificio con un coste de 16 millones. A ello, añadió, se suman pagas aprobadas por PSOE y PP para ex altos cargos —que podrían elevar el gasto político a otros 20 millones— y la creación de organismos duplicados como el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

«Estamos ante una reforma que no aporta ningún derecho nuevo, pero sí multiplica los chiringuitos», remarcó Moreno. «Ni los agricultores, ni las familias, ni los autónomos la han pedido. Se trata de una maniobra para repartirse sillones y consolidar el control político», añadieron.

Por su parte, José María Figaredo situó la reforma en un contexto más amplio: el de los pactos continuos entre PP y PSOE tanto en España como en Bruselas. «Son dos partidos que fingen discutir, pero están de acuerdo en todo lo importante”, afirmó. “Votan juntos en Europa la Agenda 2030, el Pacto Verde y la deuda común. Y ahora repiten la fórmula en Castilla-La Mancha, blindando privilegios y aumentando el gasto público», señaló.

Figaredo comparó el caso con otras reformas autonómicas «de nueva generación», como las de Valencia o Aragón, que ampliaron competencias y permitieron la apertura de oficinas autonómicas en Bruselas, a las que calificó de «embajadas regionales al estilo separatista». «Todo esto refuerza el poder de los gobiernos autonómicos a costa del Estado y del ciudadano», advirtió.

Más allá de la denuncia de VOX, el texto aprobado en Toledo confirma un giro significativo en la arquitectura institucional castellanomanchega. La ampliación del número de diputados (de un máximo de 35 a 55) aumenta la proporcionalidad de las provincias más pobladas, pero también incrementa el gasto y refuerza el peso de los partidos mayoritarios.

La reforma también reintroduce órganos consultivos suprimidos en 2011 y permite la creación de una Agencia Tributaria autonómica, lo que consolidaría una estructura fiscal propia, algo que VOX asocia con el modelo catalán.

Además, el nuevo Estatuto introduce los decretos-ley autonómicos y la posibilidad de establecer delegaciones exteriores, medidas que amplían considerablemente el poder del Consejo de Gobierno.
En el plano ideológico, incorpora referencias explícitas a la «igualdad de género», la «mitigación del cambio climático» y la «cooperación internacional«, conceptos que el partido de Abascal identifica con la Agenda 2030.

Moreno recordó que VOX fue la única fuerza en votar contra la reforma en las Cortes regionales y adelantó que hará lo mismo en el Congreso. «Seguiremos denunciando este pacto de silencio entre PSOE y PP», aseguró.
Figaredo, por su parte, concluyó que «lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha no es un caso aislado, sino una muestra más de cómo el bipartidismo se aferra al poder mientras los españoles pagan la factura».