El grupo parlamentario de VOX defenderá en el pleno de la próxima semana una moción consecuencia de interpelación urgente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre las medidas adoptadas en relación con la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta.
La formación recuerda que «los pasados días 30 y 31 de julio, la ciudad de Ceuta sufrió una invasión por parte de decenas de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos» y que «la inacción deliberada, la pasividad sumisa y la total falta de previsión y reacción del Ejecutivo convirtieron el límite fronterizo en una vía libre para la violación masiva de la integridad territorial del Estado».
VOX denuncia «la escandalosa e injustificable demora del Gobierno a la hora de declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional». Así, califica la reacción de «tardía, reactiva y tibia, cuando la ciudad ya se encontraba desbordada y la población ceutí sumida en el pánico, con una justificación centrada en la atención de los invasores, y no en la protección de los ceutíes».
El texto carga también contra una política exterior «caracterizada por la subordinación y la complicidad frente a los chantajes diplomáticos del Reino de Marruecos»: «El Gobierno ha preferido la rendición permanente ante el vecino del sur antes que la defensa firme de la soberanía de la nación y la seguridad de los españoles que residen en Ceuta».
Asimismo, la moción recoge los datos del Poder Judicial sobre el impacto de la invasión en la criminalidad. Según el texto, los órganos judiciales de Ceuta «incoaron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, contabilizándose decenas de mujeres víctimas y confirmándose que la totalidad de los agresores identificados eran varones que irrumpieron ilegalmente o actuaron en el marco de la degradación de la seguridad posterior a la invasión».
VOX considera «inaceptable que, mientras la integridad territorial de España es violentada, el Gobierno siga regando con cientos de millones de euros en concepto de cooperación, dotación de material de control fronterizo, cooperación al desarrollo y préstamos blandos a un régimen que utiliza la inmigración ilegal como herramienta de chantaje político y de guerra híbrida».
En esta línea, el partido critica los paquetes de gasto y ayudas de emergencia aprobados por el Consejo de Ministros, «con asignaciones multimillonarias dirigidas prioritariamente a la acogida de los invasores y la distribución de menores no acompañados», que constituyen «un parche asistencial que promueve el efecto llamada en lugar de atajar la raíz del problema». «Es inadmisible que los impuestos de los españoles sirvan para subsidiar al régimen alauita y sostener la logística de un negocio de tráfico de personas que atenta directamente contra la seguridad, la economía y la libertad en Ceuta y en el resto del territorio nacional», sostiene la formación.
Por todo ello, se insta al Gobierno a proceder a la expulsión inmediata de cualquier inmigrante que entre o se encuentre ilegalmente en territorio nacional; garantizar el retorno de los menas al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen (Marruecos); paralizar de forma inmediata cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el resto del territorio nacional, no procediendo, bajo ningún concepto, al traslado de menor alguno actualmente presente en Ceuta; realizar una urgente auditoría integral de los costes extraordinarios como consecuencia directa de la invasión; y promover inmediatamente la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.
También pide revisar el conjunto de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial; exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de cualquier persona de nacionalidad marroquí mayor o menor de edad; y reforzar de forma permanente las Fuerzas Armadas y todas las FCSE en Ceuta y Melilla, dotándolos de los efectivos y de todos los medios personales y recursos materiales, tecnológicos, logísticos, y jurídicos necesarios para impedir cualquier nuevo acto de agresión.
