VOX defenderá este martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para ilegalizar a partidos independentistas como ERC, Junts y Bildu, castigar el uso de símbolos separatistas, prohibir los referendos con fines contrarios a la unidad del país, recuperar el delito de sedición y aumentar el castigo por contactos con potencias extranjeras para dañar a España.
Según VOX, partidos como ERC, Junts o Bildu representan un problema «especialmente grave», al ser minorías parlamentarias capaces de «condicionar» políticas de Estado, las leyes presupuestarias y la misma formación de gobiernos. Una influencia, que consideran «absolutamente desproporcionada» en la política española.
Esta propuesta, registrada el pasado mes de noviembre en la Cámara Baja, tiene como objetivo «garantizar y proteger» la soberanía y la integridad de España ante los «ataques» del Gobierno y los partidos separatistas, los cuales «constituyen una amenaza de primera magnitud» según los de Santiago Abascal.
Amenazan a la unidad del país
La iniciativa empieza por modificar la Ley de Partidos Políticos para poner como límite a la actividad de las formaciones políticas el respeto a la unidad y a la soberanía de España y no atentar contra la integridad territorial. Y quien no cumpla, podrá ser considerado ilegal o en proceso de disolución.
Además, se incluye una cláusula de garantía para que las marcas sucesoras de estos partidos no puedan presentar candidaturas ni continuar la actividad de los ilegalizados. Igualmente, modifica el Código Penal para castigar las ofensas o ultrajes a los símbolos de España y también la exhibición pública de emblemas que atenten contra la integridad del territorio nacional.
Los de Abascal reclaman también en su iniciativa una aplicación de la ley «equitativa» y «sin distinciones». Ya que, según remarcan, «no puede existir un elemento de distinción solamente en función de su lugar de residencia».
Prisión por convocar consultas ilegales
Pero la propuesta de VOX abarca más allá de las formaciones políticas. Con ella, reclaman la ilegalización de todo aquel referéndum o consulta cuyo fin sea legitimar la destrucción de España y advierten que toda aquella autoridad o funcionario, que careciendo de competencias, convoque o autorice la convocatoria de este tipo será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo de entre tres y ocho años.
En otro punto se recupera el delito de sedición que se aplicó a los líderes del golpe separatista y que fue suprimido por el PSOE tras un pacto con ERC la pasada legislatura, con penas de prisión de doce a quince años para aquellas personas constituidas en autoridad.
Castiga además con más penas, hasta ocho años de prisión, cualquier relación con gobiernos extranjeros que perjudique a los intereses o a la dignidad de España, lo que podría ser aplicable a la trama rusa del procés que investiga un juez de Barcelona.
No es la primera vez que VOX plantea una ley de este tipo, pues en enero de 2020 ya registró un texto que pasó el primer filtro de la Mesa y que se sometió a debate del Pleno en septiembre de ese mismo año. En aquella votación, los de Santiago Abascal se quedaron solos defendiendo la ilegalización.
