VOX ha logrado que más de 5.000 empadronados de forma ilegal en el municipio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) hayan sido dados de baja, según asegura la propia formación, que atribuye este resultado a las iniciativas de fiscalización y denuncia que ha impulsado en el ámbito municipal durante los últimos años.
El partido defiende que su actuación ha servido para revisar el padrón y detectar inscripciones que no cumplían los requisitos establecidos. Desde la organización sostienen que el objetivo es garantizar un registro «riguroso y transparente», evitando situaciones que consideran fraudulentas y reclamando controles más estrictos por parte del ayuntamiento.
Portavoces de la formación han insistido en que llevan tiempo alertando sobre el empadronamiento irregular y que sus acciones políticas han derivado en revisiones administrativas que han culminado con miles de bajas en el censo municipal. En sus declaraciones públicas, VOX subraya que el padrón debe reflejar únicamente a las personas que residen de forma efectiva en la ciudad y cumplan la normativa vigente.
El debate sobre el empadronamiento ha generado controversia en el ámbito local, ya que otras fuerzas políticas recuerdan que el padrón municipal es un registro administrativo destinado a acreditar la residencia y que su gestión depende de criterios técnicos fijados por la legislación estatal. En este sentido, distintas voces señalan que las revisiones suelen producirse periódicamente cuando se detectan duplicidades, cambios de domicilio o falta de actualización de datos.
El asunto se enmarca en una discusión más amplia sobre políticas migratorias y gestión municipal, con posiciones enfrentadas entre quienes reclaman reforzar los controles y quienes advierten de la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos y derechos administrativos a todas las personas residentes, independientemente de su situación legal.
