VOX quiere que el PP permita llevar al Pleno del Congreso un delito de traición contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su actuación ante la invasión en Ceuta y que, además, impida los planes para distribuir en la Península a los menas llegados a la ciudad autónoma.
La formación de Santiago Abascal sostiene que la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio fue, además de una invasión, un «acto de guerra» perpetrado por Marruecos. En los días previos existía «mucha información» que anticipaba lo que iba a ocurrir y el CNI habría trasladado un aviso al Gobierno de Sánchez, quien no hizo nada al respecto.
VOX subraya también que, mientras Marruecos tenía preparados dos destructores en la costa, España sólo contaba esos días con una patrullera de la Guardia Civil. A partir de estos hechos, la formación considera que existen motivos para plantear una acusación contra el Ejecutivo de Sánchez por un delito de traición.
Para activar este procedimiento, VOX necesita la participación del PP. La Constitución establece, en su artículo 102.2, un mecanismo específico para exigir responsabilidad penal al presidente del Gobierno: la iniciativa debe ser respaldada por, al menos, una cuarta parte de los diputados, es decir, 88 parlamentarios, y posteriormente aprobada por mayoría absoluta del Congreso mediante una votación secreta.
Por sí solo, VOX no alcanza esa cifra, por lo que necesita los votos del PP para poder registrar la iniciativa y abrir el debate en el Pleno.
VOX fundamenta su argumentación, entre otros, en los artículos 589 y 592 del Código Penal. El primero contempla penas de uno a tres años de prisión para quien publique o ejecute en España órdenes, disposiciones o documentos de un Gobierno extranjero que atenten contra la independencia o la seguridad del Estado, se opongan a sus leyes o provoquen su incumplimiento. El segundo establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quien mantenga relaciones o inteligencia con potencias o entidades extranjeras con el propósito de perjudicar la autoridad o los intereses vitales del Estado.
La acusación se dirige contra Pedro Sánchez o contra los ministros con competencias en la materia —Interior, Defensa y Exteriores—, aunque VOX también plantea la posibilidad de extenderla al conjunto del Consejo de Ministros, al considerar que la responsabilidad puede ser colegiada.
Esta iniciativa no sustituiría al resto de actuaciones judiciales emprendidas por VOX a raíz de los acontecimientos en Ceuta. La formación mantiene abiertas acciones tanto ante el Juzgado de Ceuta como ante la Audiencia Nacional que podrían derivar en otras responsabilidades penales.
