El grupo de Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso con la que pretende que la Cámara exija a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que active el Trasvase Tajo-Segura para los regadíos del sureste acabando así con el «castigo» a las zonas de España donde no gobierna el PSOE.
Se trata de una proposición no de ley firmada por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien en rueda de prensa ha hecho hincapié en que el Gobierno ha decidido «restringir» este suministro de agua para la agricultura «en contra del criterio técnico» y «de manera arbitraria».
Una decisión que ha inscrito dentro de una «politización del agua» que forma parte de lo que ha llamado la «guerra del agua», y pese a que se trata de un bien público que «es de todos».
Ha reprochado al PP y el PSOE que no hayan dotado a España de infraestructuras hídricas suficientes para garantizar que el agua llega a todos los territorios, sobre todo cuando «hay agua para todos», ha remarcado.
Esta «guerra del agua», ha proseguido, «impide cohesionar la nación» porque los políticos «castigan» unas u otras comunidades en función de «cómo votan» en una práctica «irresponsable».
Respecto a la escasez de agua en los pantanos de cabecera, Espinosa de los Monteros ha insistido en que en España «hay agua suficiente para todos» y ha criticado la ausencia de una verdadera política de infraestructuras.
Ha citado la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), el empleo de infraestructuras muy «antiguas» como los pantanos o que el Tajo vierta a Portugal «más agua de lo convenido».
En concreto, la proposición de Vox insta al Gobierno a «cumplir las normas de explotación» del Trasvase Tajo-Segura en vez de usar el «criterio arbitrario» del ministerio.
Le emplaza a «impedir el establecimiento de caudales más exigentes que los señalados por la Ley de Aguas» y le pide cesar en su «campaña de desprestigio contra el sector de la agricultura en el Campo de Cartagena».
Enmarca en esta campaña la decisión de no trasvasar agua para no dañar el Mar Menor algo que, ha advertido, «puede tener consecuencias muy graves» porque los consumidores europeos pueden «falsamente» identificar la agricultura «con la destrucción del ecosistema del Mar Menor» conduciendo así al «boicot» de productos agrícolas de la zona.
La iniciativa también emplaza al Ejecutivo a «colaborar lealmente» con el Gobierno de la Región de Murcia y los municipios afectados para la regeneración integral del Mar Menor.
