El Grupo Parlamentario VOX en Canarias ha registrado una Proposición No de Ley relativa a la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V-16 por la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios para la seguridad vial. VOX recuerda que esta obligación sólo afecta a los vehículos matriculados en España, quedando excluidos los millones de vehículos extranjeros que cada año circulan por nuestro país.
Asimismo, se denuncia la incapacidad del Ejecutivo nacional para ayudar a las familias españolas en momentos económicamente difíciles: “En un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real”.
A todo ello, se suma la peligrosidad de las recomendaciones de la DGT, que invitan a los conductores a colocar la baliza desde el interior del coche: “Los protocolos de prevención de riesgos establecen claramente que, ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada”. Además, su conexión con la red DGT 3.0 a través de una eSIM integrada choca con la realidad: “En multitud de puntos de la red de carreteras de España no existe red suficiente para este uso”.
Así, VOX denuncia que la obligación de utilizar la baliza V-16 “carece de proporcionalidad, no garantiza un beneficio real y acreditado en términos de seguridad vial, genera una desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros, impone una carga económica injustificada a las familias españolas y puede fomentar prácticas peligrosas expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia”. No se comprende, asegura VOX, por qué no se contempla que sea el conductor quien escoja entre la baliza V-16 y los clásicos triángulos reflectantes, que sí cumplían con su función.
Finalmente, el grupo subraya que la imposición de la baliza V-16 debe ser revisada “hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y utilidad del dispositivo”.