El Gobierno de Pedro Sánchez esconde el negocio de las balizas de emergencia para el coche tras una medida que, a partir del 1 de enero, convertirá estos dispositivos en obligatorios y abrirá un mercado multimillonario con un impacto directo en los bolsillos de millones de conductores.
Con cerca de 30 millones de vehículos en circulación en España, según las cifras oficiales de la DGT y ANFAC, el volumen de negocio potencial se sitúa en torno a los 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta que el precio medio de cada baliza ronda los 50 euros. Además, no se tratará de un ingreso puntual, ya que cada nuevo coche que se matricule estará también obligado a incorporar uno de estos dispositivos para evitar sanciones.
Una parte especialmente relevante de este gigantesco pastel irá directa a las arcas públicas. Al estar gravadas con un IVA del 21 %, la venta masiva de balizas podría dejar hasta 300 millones de euros en impuestos para Hacienda, una cifra que ya ha generado un intenso debate en redes sociales por el carácter obligatorio de la medida.
Pero el reparto de beneficios no se queda en España. Según fuentes especializadas del sector, cerca del 90% de las balizas que se venden en el mercado nacional han sido diseñadas o fabricadas por empresas chinas. Esto supone que alrededor de 1.000 millones de euros acabarían en manos de compañías del gigante asiático, mientras que el resto de fabricantes apenas se repartirían unos 100 millones.
La polémica no se limita al aspecto económico. Facua-Consumidores en Acción denunció recientemente que la Dirección General de Tráfico estaría permitiendo, en la práctica, un «fraude masivo» con la comercialización de balizas V-16 sin homologación. La organización reclamó de forma pública un sistema de alertas claro para informar a los consumidores de las irregularidades detectadas.
Tras estas críticas, la DGT respondió recordando que, aunque siempre ha defendido que los dispositivos estén conectados y geolocalizados, una sentencia del Tribunal Supremo en 2021 dio la razón a los fabricantes, permitiendo el uso de balizas sin conexión hasta enero de 2026. Así lo trasladó el organismo que dirige Pere Navarro.
Desde Tráfico insisten en que han recomendado «desde el primer momento» que los compradores verifiquen que el dispositivo tenga conexión al sistema. En su página web se mantienen actualizados los listados oficiales de modelos homologados, en un mercado en el que ya existen más de 200 referencias diferentes.
Incluso Correos se ha visto salpicado por esta controversia. El operador postal llegó a comercializar una baliza V-16 conectada —con homologación IDIADA PC25020094— por 49,90 euros, cuando el mismo modelo podía encontrarse en plataformas como Aliexpress por unos 26,50 euros, prácticamente la mitad de su precio en España.
Ante el revuelo generado, Correos emitió un comunicado aclarando que los nuevos dispositivos deben llevarse obligatoriamente en la guantera y contar con un sistema de geolocalización en tiempo real. Cada baliza dispone de un IMEI propio que permite enviar la ubicación automática a la plataforma DGT 3.0 en caso de incidente, activando la señal luminosa y alertando al resto de usuarios. Además, subrayó que los dispositivos que comercializa incluyen cobertura de datos garantizada hasta 2038, tal y como exige la normativa vigente.
