VOX registra en el Senado su propuesta de veto a la Ley de Amnistía, alegando que «incompatible» con la Constitución. También que se trata de «una cínica y traidora moneda de cambio» de Pedro Sánchez «para permanecer en el poder».
La enmienda a la totalidad registrada por los de Santiago Abascal se fundamenta en tres vertientes. Justifican que la medida otorgada a los autores del golpe del 1-O, pactada por Sánchez para obtener el voto a su investidura, constituye una «aberración jurídica, política y moral».
Asimismo, creen que «implica una radicalización en el proceso de destrucción de la unidad política» de España. «Introduce un factor de profunda degradación ética en el sistema institucional», agrega VOX en el comunicado en que explica su veto a la amnistía. El texto destaca la «especial trascendencia» de las opiniones de los letrados del Congreso y del Senado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que, a su juicio, resulta «más agredido directamente».
Se refieren al hecho «de que los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y del Senado», hayan considerado la norma inconstitucional. Afirman que sus «funciones específicamente técnicas les colocan natural e invariablemente en una posición neutralidad con respecto a las fuerzas políticas».
VOX recuerda en su veto que la Constitución «excluye expresamente» los indultos generales, lo que, a su juicio, implica la exclusión de la amnistía. Y enumera una serie de artículos de la Carta Magna que son atacados por la Ley de Amnistía.
«Vulnera claramente el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14», dicen. «Lesiona además derechos fundamentales como el de libertad ideológica del artículo 16». «Atenta contra la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias firmes del artículo 118». Por último, denuncian que «agrede el derecho fundamental de los representantes parlamentarios», del artículo 23.
Además, mencionan el Tratado de la Unión Europea. Creen que la norma es «incompatible» con el principio de Estado de Derecho del artículo 2 del mismo. Afirman que se puede constatar «su finalidad discriminatoria a favor de determinados delincuentes en función del interés político de los promotores».
