El grupo parlamentario VOX ha registrado una proposición para modificar la ley orgánica del Régimen Electoral General e incluir como inelegibles a los prófugos de la Justicia.
La formación expresa en su texto que en los últimos años se han sucedido «recursos judiciales y reclamaciones en materia electoral que tenían por objeto garantizar el cumplimiento de la legalidad frente a la inclusión en las listas electorales de prófugos de la Justicia».
En este sentido, VOX recuerda que el ordenamiento jurídico obliga a los españoles a atender los requerimientos y citaciones judiciales como recoge el artículo 188 de la Constitución. Y señala además que esta obligación «no puede reputarse cumplida cuando se comparece ante los órganos judiciales extranjeros del país en el que resida el prófugo», ya que «la obligación de comparecer y atender a los mandatos judiciales debe entenderse cumplida solamente ante los órganos judiciales españoles».
Cabe plantearse si se debe privar a una persona de la participación política por escapar de la acción de la Justicia en especial cuando exista una responsabilidad penal por graves delitos contra la unidad de la nación, la seguridad de las personas o relativos al terrorismo, señala VOX.
Asimismo, VOX señala que la ley orgánica tiene por objeto ampliar el primer grupo de causas de inelegibilidad para evitar la inclusión en listas electorales de personas respecto a las cuales la autoridad judicial española competente hubiese dictado una resolución que tenga por objeto la detención y la entrega por apreciar que incurren indicios racionales de responsabilidad penal por uno o varios delitos contra la Administración Pública, contra las Instituciones del Estado, contra la Constitución, de sedición y de terrorismo, etc.
«Estas situaciones justifican que se restrinja que quienes se encuentran perseguidos penalmente por actuar decididamente contra la unidad de la nación puedan ser incluidos en una lista electoral y ser, por lo tanto, elegibles», agrega la formación liderada por Santiago Abascal.
La modificación de los supuestos de inelegibilidad también ahonda en la necesidad de asegurar que quienes pretenden convertirse en representantes de los españoles «tengan una conducta ejemplar en el respeto a las leyes». «De nada sirve que tales personas prometan o juren acatar la Constitución y las leyes para tomar posesión de si se colocan en situación de ilegitimidad al vulnerar reiteradamente el ordenamiento jurídico y atentar contra valores inherentes a la nación».
Finalmente, concluye que estas medidas se articulan como «como medio de salvaguarda de la libertad y la igualdad entre los españoles, de la unidad de la nación y del respeto al orden constitucional y al Estado de Derecho». La iniciativa se presenta en el marco de una batería de «acciones legales y legislativas» que tiene como objetivo sentar a Puigdemont ante la Justicia española por el golpe de 2017 en Cataluña.
