El diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía y portavoz en la Comisión de Agricultura, Alejandro Hernández, ha asegurado que el PP andaluz y el Gobierno de Moreno Bonilla «se ponen de perfil con el campo andaluz», tras su negativa a apoyar la moción presentada por VOX con 12 puntos de acuerdo de «simple sentido común» que «recogían las reivindicaciones que el mundo rural exige y por las que se está movilizando en las calles de toda Andalucía desde hace ya casi cinco semanas».
Hernández ha asegurado que con esta moción, que no ha contado con el respaldo del PP, «desde VOX buscábamos apoyar, defender y ayudar a nuestros agricultores y ganaderos«, lamentado que «de nuevo nos hemos topado con un Partido Popular que ha preferido sacar su calculadora política, tirar de populismo y hacer como la izquierda, no apoyarla».
Así, los populares han rechazado 11 de los 12 puntos incluidos en esta moción presentada por VOX, dándose de nuevo la circunstancia de que populares y socialistas han votado lo mismo, es decir ‘no’, a 5 de los puntos de la citada moción.
En concreto, el PP ha rechazado expresar su apoyo y respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones del mundo rural que exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad; así como también se ha negado a expresar su rechazo al Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, la Ley de Restauración de la Naturaleza, entre otras normas y leyes, así como al establecimiento de cualquier Reglamento de Uso de Fitosanitarios que atente contra la producción agrícola y ganadera en Andalucía.
El Partido Popular de Moreno Bonilla también se ha negado a denunciar las graves consecuencias que el Pacto Verde Europeo ha tenido para la economía española y andaluza, especialmente para el Sector Primario; al tiempo que también ha rechazado derogar todas las políticas autonómicas inspiradas en tanto Pacto Verde Europeo como en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.
Del mismo modo, también se han negado a tomar las medidas necesarias para garantizar la soberanía alimentaria en el marco de las competencias autonómicas, han dicho que no a la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria, así como también se han opuesto a aumentar los recursos y medios destinados a garantizar el cumplimiento de los controles de los productos procedentes de terceros países.
