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Las más de 35.000 compañías afectadas deberán adoptar un conjunto de medidas obligatorias

Yolanda Díaz impone que las medianas empresas estén obligadas a impartir formación LGTBI «a toda su plantilla»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto a propuesta de Yolanda Díaz que establece nuevas obligaciones para las empresas españolas con más de 50 empleados. Esta normativa, pactada con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME y adelantada por Libremercado, introduce la necesidad de implementar medidas específicas para garantizar la igualdad y evitar la discriminación hacia las personas LGTBI en el entorno laboral.

Las más de 35.000 compañías afectadas deberán adoptar un conjunto de medidas obligatorias, entre las que destacan la formación de la plantilla en derechos LGTBI y la creación de entornos inclusivos y diversos. Según el Ministerio, el objetivo es erradicar cualquier forma de discriminación relacionada con la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, asegurando que se respeten los derechos de todos los trabajadores.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social será la encargada de vigilar que las empresas cumplan con lo estipulado en la nueva normativa, verificando que las acciones implementadas por las compañías se ajusten a los requisitos legales.

Entre las obligaciones que deberán cumplir las empresas, destaca la necesidad de constituir una comisión negociadora en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Posteriormente, tendrán hasta seis meses para negociar con la Representación Legal de los Trabajadores si no cuentan con convenio colectivo. Si no se llega a un acuerdo en ese tiempo, se aplicarán las medidas mínimas contempladas en la norma.

El contenido de las medidas deberá incluir, como mínimo, lo establecido en la legislación, aunque las partes involucradas tendrán libertad para definir aspectos adicionales. Se exigirá también la inclusión de un protocolo contra el acoso y la violencia, con mecanismos específicos para prevenir, detectar y actuar ante posibles situaciones en el lugar de trabajo.

Entre los elementos que las empresas deberán integrar se encuentran cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, con una referencia expresa a la orientación sexual, identidad de género y características sexuales. Además, se exigirá formación especial para aquellos involucrados en procesos de selección, garantizando criterios claros y objetivos para evitar sesgos y asegurar la promoción profesional en igualdad de condiciones.

Otro punto clave del decreto es la creación de planes de formación para todos los empleados, con módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, y una especial atención a garantizar la igualdad de oportunidades. Además, se fomentará la diversidad en la plantilla, promoviendo un entorno de trabajo inclusivo.

La normativa también hace referencia a los permisos y beneficios sociales, los cuales deberán adaptarse a la realidad de las familias diversas, incluyendo parejas LGTBI y garantizando su acceso a estos derechos sin discriminación. Asimismo, se subraya la importancia de prestar especial atención a los derechos de las personas trans, particularmente en lo que respecta a la asistencia médica o trámites legales.

Por último, el Real Decreto establece que los convenios colectivos deberán incluir infracciones y sanciones por cualquier comportamiento que vulnere la libertad sexual o la identidad de género de las personas trabajadoras, integrando estas acciones en los regímenes disciplinarios de las empresas.

Esta nueva normativa impone a las empresas una serie de retos que, además de suponer un sobrecoste económico y de tiempo, busca garantizar una mayor igualdad y protección para la comunidad LGTBI en el entorno laboral español.

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