El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin dar explicaciones al juez José Luis Calama sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz, valoradas en más de 1,3 millones de euros. El exlíder socialista se comprometió el pasado 17 de junio, durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, a declarar sobre este asunto en un plazo máximo de diez días. Ese plazo ya ha expirado.

La nueva derivada judicial afecta directamente al origen, la titularidad y la situación fiscal de las piezas intervenidas. El hallazgo llevó al magistrado a abrir una pieza separada y a imputar a Zapatero dos nuevos delitos: contrabando y fraude fiscal. Hasta ahora, el expresidente no ha aportado documentación que justifique la procedencia de las joyas ni argumentos que expliquen su presencia en la caja fuerte de su oficina.

Calama intentó abordar el asunto durante la declaración. Según consta en la comparecencia, el juez introdujo directamente la cuestión: «Y ahora vamos a las dichosas joyas». La defensa de Zapatero trató de aplazar las explicaciones y el expresidente se acogió entonces a su derecho a no declarar.

La negativa, sin embargo, no quedó planteada como definitiva. Al término de la comparecencia, cuando la declaración ya había concluido, el propio magistrado volvió sobre el asunto y preguntó a la defensa qué previsión de tiempo manejaba para estar en disposición de declarar sobre las joyas. El abogado Víctor Moreno Catena respondió: «Una semana o diez días». Zapatero intervino para fijar el compromiso: «Como máximo», detalla La Razón.

Ese compromiso ante el juez no se ha materializado por el momento. La ausencia de explicaciones mantiene abierta una de las piezas más delicadas para el expresidente socialista, que ya estaba bajo investigación en la Audiencia Nacional y que ahora afronta una nueva línea de indagación vinculada a posibles perjuicios para la Hacienda Pública.

Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse como perjudicada en la investigación. En una resolución judicial, el magistrado sostiene que, si los indicios delictivos se corroboran, se habría producido «un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria».

El juez considera por ello que Hacienda puede ser «potencial perjudicada» y estar legitimada para ejercer «las acciones penales y civiles que resulten procedentes». La decisión sitúa a la Agencia Tributaria en una posición relevante dentro de la pieza separada, al tratarse de una investigación que afecta a posibles ingresos públicos no declarados o eludidos.

El instructor subraya además la necesidad de garantizar «desde este momento inicial» el derecho de Hacienda a intervenir en el procedimiento. El objetivo, según la resolución, es que pueda ejercer todas las acciones que le correspondan «en defensa de los intereses cuya tutela tiene legalmente encomendada».

En la misma resolución, Calama ha rechazado la petición de personación formulada por Softgestor, una de las supuestas empresas instrumentales utilizadas para canalizar pagos a la consultora de Julio Martínez, amigo del expresidente. El magistrado entiende que esta pieza separada no puede convertirse «en un espacio de participación indiscriminada de terceros ajenos al objeto procesal».

La separación de piezas, recuerda el juez, tiene precisamente la función de preservar la coherencia del procedimiento y evitar interferencias, dilaciones o contradicciones derivadas de la intervención de sujetos que no acreditan un interés jurídico directo en los hechos investigados.

La situación deja a Zapatero en una posición procesal cada vez más comprometida. El expresidente no sólo evitó responder cuando el juez le preguntó por las joyas, sino que tampoco ha cumplido hasta ahora el plazo que él mismo acotó ante Calama. La investigación queda así pendiente de unas explicaciones que la defensa prometió aportar y que, vencido el plazo, siguen sin llegar.