José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido a una estrategia procesal habitual en las defensas de grandes organizaciones de narcotráfico para intentar tumbar el caso Plus Ultra: cuestionar la validez de pruebas obtenidas en el extranjero y alegar dudas sobre su origen, licitud y cadena de custodia. El expresidente del Gobierno, imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, entre otros delitos, busca la nulidad «general» de las actuaciones del juez José Luis Calama.
El punto central de la ofensiva de Zapatero es el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Esa información fue localizada por Homeland Security Investigations, la agencia estadounidense que intervino en la obtención de los datos que ahora operan contra el expresidente en la causa que investiga el rescate de la aerolínea.
La defensa sostiene que el origen foráneo de esa información no ofrece garantías suficientes sobre la cadena de custodia ni sobre el modo en que el material fue incorporado al procedimiento penal español, detalla El Debate. Es una vía conocida en los grandes procesos contra redes criminales internacionales: atacar la prueba extranjera, poner en cuestión su trazabilidad y tratar de expulsarla del procedimiento antes de que pueda ser valorada por el tribunal.
El problema para Zapatero es que esa estrategia ya ha chocado en España con una doctrina consolidada del Tribunal Supremo. El precedente más relevante es el de EncroChat, la red de telefonía encriptada utilizada por organizaciones criminales y desmantelada en 2020 por las autoridades francesas y neerlandesas, con apoyo de Europol y Eurojust.
EncroChat ofrecía terminales modificados, conocidos como EncroPhones, sin GPS, micrófono ni cámara, y con sistemas de borrado automático de mensajes. La plataforma se presentaba como una herramienta de máxima privacidad, pero terminó siendo utilizada de forma masiva por grupos vinculados al narcotráfico, el blanqueo, la corrupción y otros delitos graves.
La operación permitió acceder a millones de comunicaciones de decenas de miles de usuarios. Esa información fue compartida con distintos países y desencadenó detenciones, incautaciones de droga, armas y activos, además de numerosas investigaciones judiciales en Europa. Desde el primer momento, las defensas de los acusados intentaron anular esas pruebas alegando vulneración del derecho a la intimidad, del secreto de las comunicaciones y de las garantías procesales.
El Tribunal Supremo, sin embargo, avaló el uso en España de los datos obtenidos en Francia. El criterio fue claro: una prueba obtenida en el extranjero puede incorporarse a un procedimiento penal español si fue recabada de manera lícita conforme a la legislación del país de origen y si su traslado a España se produjo por los cauces de cooperación judicial internacional.
Ese precedente juega ahora contra la estrategia de Zapatero. La doctrina EncroChat limita el margen para anular una prueba sólo porque haya sido obtenida fuera de España. La defensa del expresidente tendrá que acreditar una vulneración concreta de derechos fundamentales o una ruptura real de la cadena de custodia, no limitarse a señalar que el material procede de Estados Unidos.
Por eso cobra especial importancia el paso dado por el juez Calama el pasado 9 de junio. El magistrado solicitó formalmente, a través de los mecanismos de cooperación internacional, autorización a las autoridades estadounidenses para usar «como medio de prueba en el proceso penal» la extracción telefónica del dispositivo móvil de Rodolfo Reyes, antiguo propietario de Plus Ultra.
Esa diligencia busca reforzar uno de los elementos centrales de la investigación. En el móvil de Reyes aparecen, según las pesquisas, comunicaciones relacionadas con las gestiones realizadas en torno al rescate de Plus Ultra, la aerolínea española con capital venezolano que recibió 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La defensa de Zapatero intenta trasladar el debate al terreno de las garantías procesales. Calama, en cambio, se mueve en el terreno de la cooperación judicial internacional para blindar la incorporación de la prueba al procedimiento. La batalla no es menor: si el juez consigue cerrar correctamente el cauce con EEUU, el intento de nulidad del expresidente quedará seriamente debilitado.
El precedente de EncroChat no convierte automáticamente en válida cualquier prueba extranjera. Cada caso debe analizarse de forma individual. Pero sí fija una regla que pesa sobre la causa Plus Ultra: el origen internacional de una evidencia no basta para expulsarla del procedimiento si fue obtenida legalmente en el país de origen y remitida por los cauces adecuados.
Zapatero ha elegido una defensa conocida en las grandes causas contra el crimen organizado. Es la misma línea procesal utilizada por acusados de narcotráfico y blanqueo cuando las investigaciones cruzan fronteras, cuerpos policiales y sistemas judiciales distintos. La diferencia es que el Supremo ya ha marcado el camino: la cooperación internacional no invalida la prueba; puede reforzarla.
De momento, la doctrina EncroChat estrecha el margen de maniobra del expresidente. Su intento de tumbar el caso Plus Ultra dependerá de que pueda demostrar una vulneración concreta y no sólo sembrar dudas sobre el origen estadounidense del material. Ese es el muro jurídico contra el que choca ahora la estrategia de Zapatero.
