El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero maniobró en la sombra para asegurar el rescate millonario de Plus Ultra, una desconocida aerolínea con conexiones con el régimen chavista de Venezuela. Así lo confirman a The Objective varias fuentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2021 aprobó el polémico salvavidas de 53 millones de euros a la compañía, en plena pandemia, a costa del contribuyente español.
Tras el rescate exprés a Air Europa por 475 millones, Zapatero presionó directamente a Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes y ‘número dos’ de José Luis Ábalos, para que calificara a Plus Ultra como «empresa estratégica», condición indispensable para que la SEPI pudiera autorizar la ayuda.
A esa presión de Zapatero se sumó también la del propio Ábalos, quien apremió a Saura y a la dirección de la SEPI para que la operación saliera adelante cuanto antes, pese a las evidentes dudas sobre la relevancia de la aerolínea para la economía nacional. El director de Participadas II de SEPI, José Ángel Partearroyo, llegó a trasladar internamente su queja por estas injerencias políticas.
Fuentes internas relatan que a principios de 2021 las presiones arreciaron para acelerar incluso la adjudicación de las consultoras que debían auditar a Plus Ultra, con el objetivo de sacar el rescate «en tiempo récord». Y lo consiguieron: aunque tardó 182 días —más que Air Europa—, los responsables de la SEPI reconocen que las negociaciones reales fueron aún más rápidas y forzadas.
Una empresa irrelevante para España
Los propios técnicos de la SEPI quedaron atónitos cuando Fomento calificó como estratégica a una aerolínea con apenas cuatro aviones —uno solo operativo en el momento de la solicitud— y que apenas cubría el 0,03% del tráfico aéreo en España, situada en el puesto 166 del ranking nacional. Por contra, otras empresas con más plantilla y peso económico, como la editorial SM, se quedaron fuera de las ayudas.
La compañía arrastraba pérdidas desde antes de la pandemia y no cumplía ninguno de los criterios objetivos —empleo, facturación, defensa nacional, economía— para recibir fondos públicos. Pese a las recomendaciones internas de dejar el expediente para el final, la orden fue tramitarlo conforme al orden de llegada.
