«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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La actuación policial en Cataluña costó al Estado 87 millones de euros

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avalado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada de referéndum ilegal de Cataluña del 1-O, que ha calificado de «legítima, profesional y proporcionada».
Zoido ha comparecido en el Senado para explicar el despliegue y actuación policial en el proceso independentista y ha lamentado los hechos que acontecieron ese día y las heridas que causó a algunas personas.
«Los hechos son lamentables y, preferiblemente, nunca debieron producirse, pero las fuerzas de seguridad del Estado no pueden eludir su responsabilidad, no pueden mirar para otro lado, tienen que actuar cuando las circunstancias lo requieren y además cuando la autoridad judicial o fiscal lo ordena», ha dicho.
Pero ese día «fue absolutamente necesario», ha añadido Zoido, quien ha subrayado que, aunque no le correspondía juzgar «si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones», quizá «si todos hubiesen cumplido con sus obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar».
Ha recordado que la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos d’Esquadra ese día, y principalmente de sus mandos. De hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, el mayor Josep Lluis Trapero, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por delitos «tan graves como el de sedición».
A su juicio, el 1 de octubre el Gobierno autonómico «incumplió la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y, además, soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones»,
Pero fue un intento, sin embargo, que «fracasó en su legitimidad y en sus objetivos», según el titular de Interior, que ha dejado claro que las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado contribuyeron «de forma determinante» a ello.
«Y lo hicieron de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles, cumpliendo con su deber en la defensa del bien común, dentro de la ley y para defender la ley. La actuación fue legítima, profesional y proporcionada y no lo digo yo, es que así lo ha avalado la Fiscalía», ha enfatizado.
 
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