Estados Unidos ha ordenado el despliegue de diez aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico con el objetivo de reforzar las operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe. La decisión, revelada por fuentes conocedoras del plan, se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar la presión militar en la región.

Los aparatos de última generación deberían llegar a la isla a finales de la próxima semana y se sumarán a una flota ya numerosa de medios aéreos y navales estadounidenses en el sur del Caribe. Según esas mismas fuentes, los F-35 participarán en acciones contra organizaciones designadas por Washington como «narco-terroristas» que operan en esa zona.

El refuerzo militar llega apenas unos días después de que fuerzas norteamericanas hundieran una embarcación que, según Trump, trasladaba grandes cantidades de estupefacientes desde Venezuela. El ataque, que dejó once muertos, ha sido interpretado como la antesala de una campaña de mayor alcance en Iberoamérica.

Paralelamente, el Pentágono ha desplazado a la región siete buques de guerra y un submarino nuclear de ataque rápido, que en conjunto movilizan a más de 4.500 marinos e infantes de marina. Tropas de la 22ª Unidad Expedicionaria ya han realizado maniobras anfibias y entrenamientos de vuelo en el sur de Puerto Rico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha descrito al mandatario venezolano Nicolás Maduro como «el capo de un narcoestado». Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, en una visita a Quito, lo calificó de «narcoterrorista» y «fugitivo de la justicia estadounidense», recordando que un gran jurado de Nueva York lo ha imputado por delitos de narcotráfico y terrorismo. Rubio fue más allá al sostener que Venezuela «no es un gobierno, sino una organización criminal que controla un territorio».

Desde Caracas, Maduro respondió acusando a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen mediante la amenaza militar y denunció que el ataque contra el barco carece de una base legal clara. Washington, hasta el momento, no ha precisado qué sustancias ilícitas transportaba la embarcación ni ha ofrecido pruebas que respalden la versión de que sus tripulantes pertenecían al grupo venezolano Tren de Aragua, considerado terrorista por el Departamento de Estado desde febrero.