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Facilitan que lleguen a ciudades como Nueva York

El congresista republicano Tom Tiffany exige que se tomen medidas contra las ONG que favorecen la inmigración ilegal

El congresista Tom Tiffany. Europa Press

Parece del sentido común más elemental: si estás luchando contra un problema grave y urgente, lo primero es combatir a las organizaciones cuyo único fin es colaborar con ese mismo problema. Y, en el caso de la invasión de extranjeros que entran ilegalmente en nuestros países por cientos de miles, esos «colaboradores necesarios» adoptan a menudo la forma de organizaciones no gubernamentales, las ONG.

En Estados Unidos, muchos inmigrantes que llegan a las principales áreas metropolitanas como la ciudad de Nueva York o a pueblos más pequeños de todo el país lo hacen gracias a la asistencia de ONG, muchas de ellas financiadas por los propios contribuyentes. El mes pasado, el periodista de investigación James O’Keefe descubrió una «sombría red de organizaciones sin ánimo de lucro», con financiación pública, que están facilitando la invasión de ilegales en la frontera sur.

Y, sin embargo, a nadie en el poder parece habérsele ocurrido una idea tan obvia hasta ahora en Estados Unidos, que ha sufrido la invasión de diez millones de extranjeros durante el mandato del presidente Biden. Ahora, el diputado republicano de la Cámara de Representantes Tom Tiffany ha empezado a denunciar la acción de esas organizaciones y cómo están cooperando en lo que es, a fin de cuentas, una infracción de la legalidad.

Lo hace desde la red social X, antes Twitter, donde compartió un vídeo de lo que parecen ser voluntarios de una ONG que trafican inmigrantes a través de la frontera sur y, al hacerlo, violan las leyes federales de inmigración. El mensaje que acompaña el vídeo es tajante: «ONG ayudando a los ilegales: Green Valley-Sahuarita y Tucson Samaritans mantienen abierto un agujero en el muro fronterizo para que los ilegales puedan pasar. Luego llevan a los ilegales a un campamento en el Parque Nacional Coronado. El Título 8, USC 1324(a) tipifica como delito cualquier persona que aliente o traiga a un extranjero a los Estados Unidos. El Congreso debe tomar medidas e investigar a estas ONG».

Y lo peor, el colmo de la locura, es que el propio Gobierno da dinero a estas organizaciones para que quebranten la ley. Según Forbes, la ONG Catholic Charities USA recibió 1.400 millones de dólares de apoyo gubernamental frente a 1.000 millones de dólares de donaciones privadas. El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados informó que recibió más de 93,1 millones en subvenciones del Gobierno de Estados Unidos en sus cuentas de 2021, lo que hace que las subvenciones financiadas por los contribuyentes representen más del 80% de su apoyo total.

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