Veinticinco estados norteamericanos han llevado esta semana a Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional por su última ronda de aranceles. Son estados gobernados por los demócratas y sostienen que la Casa Blanca ha utilizado como pretexto la lucha contra el trabajo forzoso para resucitar unas barreras comerciales que el Tribunal Supremo ya había declarado ilegales por otra vía.

Parece una derrota, y lo es en un sentido. Pero en lo importante, Trump ha logrado el objetivo: normalizar el soberanismo económico, el proteccionismo.

Las nuevas tasas, aprobadas el 24 de julio, gravan con un 10% o un 12,5% las importaciones procedentes de cerca de sesenta países y de la Unión Europea. Afectan, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, al 99,4% de las importaciones norteamericanas, aunque dejan fuera petróleo, gas, fertilizantes, minerales críticos y centenares de productos considerados esenciales. El Gobierno las ha articulado ahora bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, después de que el Supremo negara que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia permitiera al presidente imponer indiscriminadamente aranceles a casi todo el planeta.

Trump perdió esa batalla, pero buscó otro artículo de la ley, reconstruyó el edificio y volvió a imponer los aranceles. Y aunque pierda también este segundo caso la discusión ya no gira en torno a si los Estados deben proteger su industria, sus cadenas de suministro o los sectores que consideran estratégicos, sino quién tiene competencias para hacerlo, qué instrumentos puede emplear y hasta dónde debe llegar. El proteccionismo se ha convertido en política ordinaria.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca, el arancel medio de Estados Unidos estaba por debajo del 3%; a finales de 2025 se acercaba ya al 17%, su nivel más alto en muchas décadas, y proporcionaba al Tesoro cerca de 30.000 millones de dólares mensuales. El salto fue tan brusco que habría parecido inconcebible durante los años triunfales de la globalización.

La Agenda de Política Comercial para 2026 sostiene que Estados Unidos abrió sus mercados mientras otros países protegían los suyos mediante subsidios, regulaciones, manipulación monetaria, salarios artificialmente bajos y barreras administrativas. El documento pregunta por qué la primera potencia mundial debe depender del extranjero para obtener automóviles, ropa, herramientas, titanio, chips o carros de combate.

Lo resumía a principios de año Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, al decir que Washington se había «desarmado unilateralmente» al reducir sus aranceles mientras sus socios mantenían toda clase de obstáculos visibles e invisibles.

Trump puede equivocarse en la dosis y acertar en el diagnóstico político. La prueba definitiva es que Europa ha seguido un camino parecido, aunque lo denomine «autonomía estratégica», «seguridad económica» o «defensa frente a la competencia desleal». La Comisión ha limitado las importaciones de acero libres de aranceles, impuesto derechos antidumping a neumáticos, fibras y otros productos chinos, levantado un mecanismo de ajuste de carbono en frontera y multiplicado los instrumentos con los que puede subvencionar o proteger industrias consideradas esenciales. En octubre de 2025 propuso reducir a 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que puede entrar sin pagar derechos, aproximadamente la mitad de la cuota anterior.

Bruselas insiste en que estas medidas no son proteccionistas, del mismo modo que todos los gobiernos proteccionistas de la historia han preferido hablar de reciprocidad, seguridad o competencia justa. La diferencia es semántica. El principio es idéntico: una comunidad política posee intereses económicos propios y tiene derecho a defenderlos frente al exterior.

Incluso los grandes acuerdos de libre comercio que Europa sigue firmando responden ya a esa lógica. El pacto con India, bautizado por Ursula von der Leyen como «la madre de todos los acuerdos», pretende reducir los aranceles sobre más del 96 por ciento de las exportaciones europeas y ahorrar a las empresas unos 4.000 millones de euros anuales. Pero nace también del deseo de reducir dependencias respecto de China y de encontrar socios alternativos en un mundo dividido en bloques. Hasta el libre comercio se vende hoy como un instrumento de soberanía.

China, por supuesto, nunca se dejó seducir completamente por la fe occidental en los mercados abiertos. Protege sectores estratégicos, financia campeones nacionales, controla el crédito, limita el acceso extranjero a su mercado y utiliza las tierras raras o su capacidad industrial como instrumentos de negociación. India conserva aranceles elevados en numerosos sectores y solo los reduce a cambio de concesiones muy precisas. Japón subvenciona tecnologías fundamentales. Corea del Sur defiende sus conglomerados. Brasil protege su industria. La soberanía económica, que en Europa parecía un vestigio del siglo XIX, ha seguido siendo la regla en buena parte del planeta.

Las cifras confirman que el giro no se limita a Washington. El índice de actividad de política comercial elaborado por la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional alcanzó a comienzos de 2026 su máximo desde que empezó a medirse, tras la crisis financiera. Entre enero y mayo, la intervención de los gobiernos mediante aranceles, restricciones y subsidios fue casi el doble que en 2024 y un 25 por ciento superior al promedio de 2025.

La empresa privada también ha tomado nota. El 72 por ciento de los profesionales del comercio internacional consultados para un informe de Thomson Reuters señalaba la volatilidad arancelaria estadounidense como el cambio regulatorio más importante al que se enfrentaba, frente al 41 por ciento que lo decía un año antes. Las compañías ya no planifican suponiendo que las barreras seguirán bajando. Planifican pensando dónde fabricar, qué gobierno subvencionará la planta y qué productos podrían ser considerados estratégicos mañana.

El libre comercio no ha desaparecido. La propia Unión Europea negocia nuevos acuerdos con India, Malasia, Filipinas, Tailandia o los Emiratos Árabes Unidos, y ningún país moderno puede aspirar seriamente a la autarquía. Las cadenas de suministro son demasiado complejas y la prosperidad depende demasiado del intercambio. Pero ha muerto la idea de que el comercio pueda organizarse al margen de la nación, de la seguridad y del poder político.

Ese es el triunfo más profundo de Trump. Puede perder un arancel en el Supremo y recuperarlo bajo otra ley. Puede recibir demandas de la mitad de los estados del país. Puede provocar que sus socios busquen rutas alternativas y que sus propias empresas protesten por los costes. Pero ha obligado a todos a hablar su idioma: reciprocidad, fronteras, industria nacional, dependencia, seguridad económica y soberanía.