El brutal asesinato de Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, ha conmocionado a la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte) y reabierto el debate sobre la laxitud del sistema judicial demócrata. La joven fue apuñalada mortalmente el pasado 22 de agosto en un tren de la ciudad por Decarlos Brown Jr., un delincuente con más de una docena de detenciones previas que había sido liberado en enero por la jueza demócrata Teresa Stokes, pese a su historial violento.
La magistrada permitió su excarcelación sin fianza, con la mera promesa de comparecer en futuras audiencias. Una decisión que hoy se revela fatal y que ha indignado a la opinión pública, especialmente al novio de Iryna, Stanislav Nikulytsia, quien ha denunciado públicamente a la jueza por «haber puesto en la calle a un asesino». «Ni siquiera es una abogada calificada», señaló en redes sociales, acusando a Stokes de ser directamente responsable de la tragedia.
Zarutska había huido de la guerra en Ucrania junto a su madre y sus hermanos en 2022, logrando rehacer su vida en Estados Unidos. Trabajaba en un centro de asistencia para personas mayores y era muy querida por su comunidad. Su funeral, al que asistieron más de un centenar de personas, reflejó el impacto de su pérdida. La familia decidió enterrarla en suelo estadounidense, convencida de que este país se había convertido en su hogar.
El asesinato ha generado una ola de indignación contra las políticas judiciales que permiten la liberación sistemática de criminales reincidentes en estados gobernados por demócratas. La familia de la víctima ha exigido medidas urgentes para reforzar la seguridad en el transporte público y evitar que casos como el de Iryna vuelvan a repetirse.
Mientras tanto, el nombre de la jueza Stokes se ha convertido en sinónimo de negligencia y de un progresismo judicial que, en nombre de la «reinserción», pone en riesgo a ciudadanos inocentes.
