El sitio web de noticias estadounidense Semafor ha desvelado la estrategia del presidente Donald Trump en Venezuela: una ofensiva militar contra supuestas redes de narcotráfico que ha dejado al menos 35 muertos frente a las costas sudamericanas. Pese a que el propio mandatario se presentó como enemigo de las «guerras interminables», la mayoría del Partido Republicano respalda su escalada de operaciones navales en la región y evita cuestionar la posibilidad de un nuevo frente de conflicto.
Trump ha confirmado que nueve embarcaciones sospechosas de transportar drogas fueron destruidas en acciones recientes, aunque ha eludido aclarar si su objetivo final es el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington considera un dirigente ilegítimo. «¿No sería una pregunta absurda que yo respondiera?», ironizó el mandatario en una entrevista con CBS News, al tiempo que insinuó que «Venezuela ya está sintiendo la presión».
Entre los aliados republicanos más fervientes destaca el senador Bernie Moreno, de Ohio, nacido en Colombia, quien elogió la ofensiva militar y defendió la necesidad de «liberar a Venezuela del narcoregimen ilegítimo que destruye a su pueblo«. Moreno descartó que la intervención pueda derivar en un conflicto prolongado y sostuvo que el gobierno chavista «caerá muy pronto, probablemente en cuestión de días«.
El apoyo del bloque republicano a las acciones de Trump en Venezuela refleja la disciplina interna y la deferencia del partido hacia el presidente, incluso entre quienes en el pasado criticaron las guerras de George W. Bush en Oriente Medio. Para la mayoría, el Caribe no representa un riesgo de empantanamiento militar comparable. Según fuentes del Congreso citadas por Semafor, «el público estadounidense percibe estas operaciones como una lucha directa contra el narcotráfico», lo que reduce el coste político de mantenerlas.
Algunos senadores republicanos, como Cynthia Lummis (Wyoming), consideran que las operaciones deben continuar sin obstáculos. «Deberíamos seguir hundiendo esos barcos«, declaró al medio, convencida de que el Congreso no intervendrá debido a su lentitud y falta de consenso.
No todos comparten esa postura. Un reducido grupo de legisladores conservadores se ha sumado a los demócratas para cuestionar la legalidad de las operaciones, e incluso dos de ellos votaron para limitar su alcance. La senadora Lisa Murkowski (Alaska) expresó su frustración: «Nos hemos rendido. Le decimos al presidente ‘adelante, imponga aranceles o haga lo que quiera’, incluso cuando no existen autorizaciones formales para actuar en Venezuela».
Trump, por su parte, no ha descartado una incursión directa en territorio venezolano ni el despliegue de tropas, y llegó a afirmar que había autorizado operaciones de la CIA en el país, sin precisar si incluyen planes para capturar a Maduro.
Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido en privado la legalidad de los ataques, argumentando que se sustentan en precedentes históricos y en las facultades ejecutivas del presidente. El senador Kevin Cramer añadió que «George Bush envió tropas a Panamá para cambiar un régimen y también se amparó en la Constitución; este caso no es distinto».
Fuentes próximas a la Casa Blanca han adelantado a Semafor que Trump coordinará con el Congreso «cuando el cadáver de Maduro esté bajo custodia estadounidense», una frase que ha causado sorpresa entre legisladores. Mientras tanto, la Administración presume de haber informado ya en seis sesiones clasificadas a los comités competentes, asegurando que ha sido más transparente que anteriores gobiernos, incluidos los de Barack Obama.
