El Partido Republicano ha puesto en marcha una investigación de alto voltaje político contra los programas migratorios impulsados por Joe Biden, después de que un afgano evacuado bajo la operación Allies Welcome fuera acusado de asesinar a una soldado de la Guardia Nacional en Washington D.C. y de herir a otro militar.

Los senadores John Cornyn (Texas) y Josh Hawley (Misuri) liderarán una audiencia extraordinaria el próximo 16 de diciembre para examinar los polémicos programas de «parole humanitario» aplicados por la Administración Biden, señalados por los republicanos como la vía que permitió la entrada de Rahmanullah Lakanwal, principal sospechoso del ataque.

La víctima mortal, la especialista del Ejército Sarah Beckstrom, de 20 años, y el herido, el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24, fueron tiroteados hace dos semanas en un incidente que ha provocado una tormenta política en Washington.

Cornyn, presidente del Subcomité de Seguridad Fronteriza del Senado, fue contundente: «Lo advertimos desde el principio. Ahora las consecuencias son reales y mortales», afirmó, acusando a Biden de «abusar» de los programas de admisión para permitir la entrada de «cientos de miles de inmigrantes no vetados y potenciales terroristas».

Hawley, al frente del Subcomité de Crimen y Contraterrorismo, también recordó que ya en 2021 denunció que el Gobierno estaba apresurando la evacuación de ciudadanos afganos sin controles adecuados. El senador reveló que un oficial estadounidense le mostró un correo en el que —durante la caótica retirada de Kabul— se ordenaba «llenar los aviones, aunque fuera sin hacer vetting».

«Su imprudencia ha abierto la puerta al terrorismo dentro de nuestras fronteras», sentenció Hawley. «Tiene que haber responsabilidades».

La investigación republicana llega mientras varios senadores han remitido una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo revisar de inmediato los estándares de seguridad aplicados a los afganos acogidos bajo los programas especiales de Biden tras la caída de Kabul en 2021.

La Casa Blanca, por ahora, guarda silencio ante el creciente clamor político que ya ha convertido el caso en uno de los mayores escándalos migratorios de la legislatura.