A pesar de sus numerosos fracasos, la Administración Biden puede sacar pecho y presumir de haber avanzado espectacularmente en uno de sus principales objetivos implícitos: cambiar la población del país. En el último año fiscal -del 1 de octubre de 2021 al 20 de septiembre de este año-, han entrado ilegalmente en Estados Unidos 2,2 millones de extranjeros, una población superior a la de 15 estados de la Unión, Wyoming, Vermont, Alaska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Montana, Rhode Island, Maine, Nueva Hampshire, Hawái, Virginia Occidental, Idaho, Nebraska y Nuevo México.

No busquen precedentes: no los hay. Nunca se habían visto esos números en toda la historia del país, y ha sido la política consciente y deliberada de la presente administración la que ha hecho posible esta aceleración del reemplazo demográfico. Y no hay visos de que vaya a detenerse en un futuro próximo, más bien al contrario, lo que augura un colapso de los servicios sociales y un aumento exponencial de la inseguridad ciudadana en un futuro previsible.

“Se acabó el tiempo de las excusas: el próximo Congreso debe tomar medidas reales para responsabilizar a esta administración por el caos y la carnicería que han desatado en nuestra frontera suroeste”, ha declarado a Breitbart News el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Thomas Homan.

“Es un episodio vergonzoso en nuestra historia, y los que están sufriendo no son las élites en sus comunidades cerradas y seguras del Beltway”, señala Homan. “Son los agentes de la Patrulla Fronteriza abrumados a diario. Son las familias que han sido destrozadas al perder a un ser querido por el fentanilo u otras drogas. Y son los propios migrantes, quienes no valen nada para los cárteles una vez que se les ha pagado. Será mejor que el próximo Congreso haga algo al respecto”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha llevado a cabo consistentemente la política suicida de distribuir a los inmigrantes que los agentes detectan entre diversas comunidades del país, casi invariablemente en estados republicanos, para que estas comunidades se hagan cargo de los recién llegados como buenamente puedan.

Desde febrero de 2021 hasta agosto de 2022, por ejemplo, la Administración Biden liberó a alrededor de 1,35 millones de personas que cruzaron la frontera y extranjeros ilegales en el interior de los Estados Unidos, una población extranjera de aproximadamente tres veces el tamaño de Miami, Florida.

Mientras, los líderes republicanos de la Cámara prometen reanudar la construcción del muro en la frontera sur y poner fin a la política de liberación en el territorio de los ilegales capturados. Todo apunta a que el desastres de la inmigración ilegal masiva va a ser un asunto clave en las inminentes elecciones de medio mandato.