La Fiscalía Europea mantiene abierta una investigación por un posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, concretamente en el tramo de Adamuz (Córdoba), donde el pasado mes de enero se produjo un accidente ferroviario que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos. Las pesquisas, que comenzaron poco después de la tragedia, continúan avanzando y los investigadores confían en conseguir próximamente nuevos resultados relevantes.
Según han confirmado fuentes del organismo europeo a El Periódico, todavía existen diligencias pendientes de completar y no se ha descartado la posibilidad de citar a declarar a testigos o investigados. Por el momento, sin embargo, no se ha producido ninguna comparecencia en el marco de este procedimiento.
El caso afecta a una subvención de 111.646.340 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuya concesión fue aprobada por la Comisión Europea en junio de 2024 para financiar actuaciones de modernización de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía.
La ayuda comunitaria pretendía corregir las deficiencias de una infraestructura cuyo envejecimiento ya había sido advertido en documentación oficial anterior. Los informes reconocían que el corredor andaluz presentaba un grado de obsolescencia superior al de otras líneas de alta velocidad y consideraban imprescindible acometer nuevas inversiones para adaptar sus instalaciones a las exigencias europeas.
Entre los objetivos de estas actuaciones figuraban mejorar la interoperabilidad ferroviaria y adecuar la infraestructura a los requisitos establecidos para la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).
No obstante, la investigación abierta por la Fiscalía Europea busca determinar si se produjeron irregularidades que pudieran perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea. La apertura de estas diligencias no implica que se haya acreditado un fraude ni que exista una relación demostrada entre la utilización de las ayudas y las causas del accidente.
Transportes, obligado a identificar los contratos del tramo del accidente
Una de las primeras actuaciones de los fiscales europeos consistió en solicitar información directamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Los fiscales delegados Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez reclamaron al departamento dirigido por Óscar Puente la identificación de todos los contratos y expedientes administrativos correspondientes al tramo ferroviario donde tuvo lugar el descarrilamiento.
El requerimiento tenía como finalidad reconstruir las contrataciones efectuadas sobre la infraestructura y examinar las actuaciones vinculadas a las inversiones financiadas mediante recursos comunitarios.
Las pesquisas se desarrollan en coordinación con el Juzgado de Montoro (Córdoba), cuya titular, Cristina Pastor, dirige la instrucción judicial sobre el accidente. También participa la Guardia Civil, designada como policía judicial para las investigaciones.
La Fiscalía Europea dispone de competencias para perseguir posibles delitos que afecten al presupuesto comunitario, incluidos los fraudes relacionados con subvenciones, las irregularidades en la utilización de ayudas y determinados supuestos de corrupción.
En España, sus actuaciones pueden dar lugar a un procedimiento penal sometido al control de un juez de garantías de la Audiencia Nacional. Sin embargo, las fuentes consultadas por el citado periódico indican que todavía no se ha llegado a esa fase y que continúan las comprobaciones preliminares.
