George Soros ha respaldado económicamente la fuga de medio centenar de diputados demócratas en Texas que abandonaron el estado para impedir una votación impulsada por los republicanos y Donald Trump sobre una nueva redistribución electoral, informa Fox News.

La maniobra, que ha despertado una gran controversia en Estados Unidos, fue sufragada en parte por dos organizaciones: Texas Majority PAC, vinculada directamente a Soros, y Powered by People (PBP), creada por el exdiputado demócrata Beto O’Rourke. Ambas entidades habrían cubierto los gastos de traslado, alojamiento y las multas de 500 dólares diarios que enfrentan los legisladores por abandonar sus funciones, según informó el Texas Tribune.

Aunque la ley del estado de Texas prohíbe pagar dichas sanciones con fondos de origen político, desde el entorno demócrata aseguran haber encontrado fórmulas «legales» para financiar la operación. Ni el PAC vinculado a Soros ni la organización de O’Rourke han respondido oficialmente a las solicitudes de información sobre la estructura real de esa financiación.

La maniobra ha consistido en que unos 50 legisladores demócratas abandonaran Texas para bloquear el quórum necesario en la Cámara estatal y así evitar la votación de un nuevo mapa electoral. El gobernador republicano Greg Abbott ha iniciado acciones legales contra el líder del grupo, el diputado Gene Wu, acusándole de incumplir su deber constitucional. La Corte Suprema de Texas ha exigido una respuesta judicial a Wu, quien hasta ahora solo ha emitido una declaración pública en la que acusa a Abbott y Trump de querer imponer un «mapa racista».

La fuga de legisladores ha generado un fuerte debate institucional en Texas. El presidente Donald Trump incluso sugirió que el FBI podría intervenir si los diputados no regresan a cumplir sus funciones: «No puedes simplemente ausentarte. Tienes que volver. Tienes que enfrentarlo. De eso van las elecciones», declaró.

La participación de Soros en este tipo de operaciones no es nueva. El magnate ha financiado redes políticas y judiciales en múltiples estados norteamericanos, promoviendo fiscales afines, campañas judiciales y reformas ideológicas en ámbitos como la inmigración, la justicia penal y el voto por correo. Su implicación en la política texana refuerza la tesis de una estrategia nacional de presión indirecta sobre el sistema institucional estadounidense.