La Administración Trump planea contratar a una empresa privada para localizar en el extranjero a inmigrantes ilegales deportados o que salieron voluntariamente del país y que mantienen multas migratorias pendientes, con el fin de notificarles las deudas y gestionar su cobro.
La iniciativa se centrará inicialmente en México, Guatemala y Honduras, según una convocatoria de contratación publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). El objetivo es reforzar la capacidad del Gobierno para recuperar sanciones civiles impuestas en procesos migratorios, incluso cuando los afectados ya no residan en territorio estadounidense.
Una vez identificada la persona, el contratista tendrá que informarle el monto exacto de la multa y ofrecer distintas vías para saldarla, ya sea mediante el pago total, acuerdos de pago a plazos u otras fórmulas aceptadas por las autoridades. El dinero podrá ser abonado tanto por el propio inmigrante como por un tercero que asuma la obligación financiera.
La compañía también estará obligada a demostrar que ha localizado al deudor correcto, aportando evidencias como fotografías del domicilio, facturas de servicios públicos o registros laborales. En los casos en que el inmigrante haya fallecido, el contratista deberá gestionar y presentar el certificado de defunción ante las autoridades estadounidenses. Estas exigencias buscan dotar de respaldo documental a cada gestión de cobro y reducir el margen de error en la identificación de los afectados.
Según las estimaciones de CBP, unas 66.387 personas que fueron expulsadas o abandonaron voluntariamente Estados Unidos tienen todavía multas civiles sin pagar, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional calcula que el total adeudado asciende a unos 423 millones de dólares (367 millones de euros).
